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El PP, en su iniciativa, reclama que Alfredo Pérez Rubalcaba ofrezca explicaciones ante el Pleno del "contenido del informe remitido al Juez Central de Instrucción del conocido como caso Faisán, que implica a altos cargos del Ministerio del Interior como responsables del chivatazo a ETA".
El PP, en su iniciativa, reclama que Alfredo Pérez Rubalcaba ofrezca explicaciones ante el Pleno del "contenido del informe remitido al Juez Central de Instrucción del conocido como caso Faisán, que implica a altos cargos del Ministerio del Interior como responsables del chivatazo a ETA".
Durante la presentación del Buscador de Iniciativas Populares, proyecto desarrollado por Google, González Pons ha hecho referencia a la noticia publicada en los diarios según la cual "en algunas actuaciones relativas al caso Gürtel ha habido representantes del ministerio de Interior".
Peral ha recordado que la resolución de la Sala de lo Contencioso ha establecido que, entre otras cosas, la política de nombramientos de Rubalcaba establecía la no distinción entre Comisarios Principales y Comisarios a la hora de asignarles puestos de responsabilidad.
El portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ignacio Cosidó, anunció hoy que ha solicitado la comparecencia del Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que informe sobre las medidas que va adoptar su Departamento ante la anulación del Catalogo de Puestos de Trabajo del Cuerpo Nacional de Policía decretado por el Tribunal Superior de Madrid y que Cosidó lo considera como “un nuevo varapalo judicial”.
Así se ha pronunciado Cosidó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que preguntó a Rubalcaba a quién o qué esta encubriendo "con el clamoroso silencio en el caso Faisán".
En la sesión de control al Gobierno, Cosidó ha reiterado al ministro su petición para que acuda a la comisión de Interior del Congreso y explique todo lo que sabe, "que es mucho más de lo que nos ha contado", sobre el caso Faisán.
En la sesión de control al Gobierno, Floriano ha recordado que el pasado lunes el Gobierno reconoció que, efectivamente, el Sistema de Interceptación de las Comunicaciones conocido como Sitel está insuficientemente regulado.
En declaraciones en el Congreso, Sáenz de Santamaría ha insistido que la regulación debe hacerse mediante Ley orgánica, ya que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a sus libertades, entre ellas la libertad de las comunicaciones.
Cosidó ha subrayado que la gravedad de los hechos requiere además de las responsabilidades penales que puedan establecer los tribunales, "depurar las responsabilidades políticas por el clamoroso fallo de seguridad que permitió la sustracción de una enorme cantidad de droga incautada".