La Subcomisión del Ferrocarril aprueba su dictamen final logrando un amplísimo consenso

La Comisión de Fomento del Congreso ha aprobado hoy con 34 votos a favor (GPP, PSOE y CIU), 3 abstenciones (PNV, BNG y Compromís) y un único voto en contra de Izquierda Plural, el informe final de la Subcomisión de estudios y análisis del sistema ferroviario español, que comenzó sus trabajos en octubre de 2013 y en la que han comparecido 39 expertos de todos los ámbitos con el objetivo de realizar propuestas para mejorar nuestro sistema ferroviario.

El diputado del GPP y coordinador de los trabajos de la subcomisión, Celso Delgado, destacó hoy que el objetivo de la misma, creada tras el accidente de Angrois, se ha cumplido, ya que a lo largo de casi dos años se ha analizado minuciosamente la situación del sistema ferroviario y se han presentado propuestas “en aras a conseguir mayor seguridad, prevención, competitividad, cohesión y vertebración territorial”. En total, el informe aprobado hoy presenta un total de 84 conclusiones y recomendaciones.

Delgado afirma que, después de estos meses de trabajo, se puede asegurar que el ferrocarril es un modo de transporte muy eficiente y competitivo, con grandes ventajas en relación a la capacidad, a la velocidad, a la vertebración del país y a la preservación del medio ambiente, y subraya que su incidencia en el desarrollo económico, tecnológico, social,  cultural y turístico resulta muy relevante.

El coordinador de los trabajos de la subcomisión ha concluido su intervención asegurando que la conclusión más importante a la que se ha llegado es que “el sistema ferroviario español es un sistema seguro, equiparable a los mejores del mundo, pero que existe un margen de mejora que es preciso explorar y atender”.

En esta misma línea se ha pronunciado el portavoz del GPP, Andrés Ayala, que ha insistido en que “el sistema ferroviario español es un sistema seguro, pero que la seguridad absoluta no existe, por lo que siempre se puede mejorar y en eso es en lo que tenemos que seguir trabajando todos”.

Ayala calificó el dictamen final como un documento “de síntesis” y dijo que “es lo suficientemente flexible como para que pueda ser asumido por cualquier gobierno de cualquier partido político, lo que demuestra la generosidad de todos a la hora de ceder en su redacción”.

Todos los grupos han destacado en sus intervenciones la gran cantidad de enmiendas aceptadas de todos ellos y la altísima calidad de los expertos comparecientes, que han enriquecido, sin duda, el informe final elaborado.

Entre las conclusiones aprobadas por la subcomisión está la de asumir en su totalidad el informe de la comisión técnico-científica creada por el Ministerio de Fomento en 2013 por su elevada óptica profesional y por ser, a la vez, objetivo y crítico.

La mayor parte de las recomendaciones propuestas son para mejorar la seguridad del sistema ferroviario (un total de 17), aunque también se proponen cuestiones en materia técnica, en materia de contratación, de planificación, de financiación, en relación al modelo ferroviario y otras.

Se recomienda que la seguridad se valore a lo largo de todo el ciclo ferroviario, que se tenga en cuenta siempre el factor humano y los factores organizacionales, no sólo los técnicos, y aunque se reconoce que las medidas de seguridad en España son equiparables a las de cualquier país avanzado se pide prestar atención a factores que pueden mejorarla, como la supresión de pasos a nivel, el impulso de los análisis sistemáticos de los registradores jurídicos (cajas negras), la mejora de los sistemas de información y comunicación en las cabinas de conducción o la revisión de los protocolos médicos psicofísicos para los profesionales revisando los plazos y los niveles de exigencia, entre otras medidas.

Ya al margen de la seguridad pero también a modo de conclusiones se  subraya que, toda vez que el horizonte de la planificación es el medio y largo plazo, es deseable que la planificación estratégica de las infraestructuras fuera  consensuada entre las diferentes fuerzas políticas.

La subcomisión determina que la planificación de las infraestructuras debe considerar el interés general y tener en cuenta no sólo factores económicos, sino también estratégicos, de seguridad, sociales y ambientales y hace una mención especial a la alta velocidad señalando que, en la medida de lo posible, se debe intentar mantener el nivel de inversión necesario para culminar a la mayor brevedad posible las conexiones de alta velocidad ya planificadas.

Se considera que el modelo ferroviario actual español es un modelo válido, en sintonía con la Unión Europea, aunque se reconoce que existe margen de mejora en el marco legislativo del sector y en materia de financiación se subraya que la tendencia no debe ser la financiación exclusivamente vía presupuestaria, sino que se debe maximizar la rentabilidad de los fondos y mecanismos europeos, así como las posibilidades que ofrece la colaboración público-privada. En el caso de los servicios catalogados como obligación de servicio público (cercanías y media distancia), se especifica que las aportaciones del Estado deben garantizar la movilidad de los ciudadanos y la calidad de los servicios aunque aplicando el sentido de la racionalidad.

La subcomisión también hace recomendaciones respecto a la necesidad de que los procedimientos de licitación y contratación de las infraestructuras ferroviarias se hagan de forma que se garantice que las modificaciones durante la ejecución se limiten a casos consecuencia de imponderables, así como para que se potencie el papel de las ingenierías durante el desarrollo de los proyectos y en la fijación de los plazos de ejecución, algo que, en opinión de los grupos, supondrá un mayor control del coste.

En relación a los aspectos técnicos, se recomienda prestar más atención a las líneas convencionales y a las de cercanías, fomentar las estaciones sostenibles, accesibles e intermodales, tender en la planificación a una progresiva implantación del ancho de vía estándar y la electrificación progresiva, siempre que sea posible.