De este modo, González Pons ha señalado que "nadie va a discutir que el Estado utilice las nuevas tecnologías para luchar contra la delincuencia y el terrorismo. Por eso las medidas a utilizar, además de respetuosas con el régimen de garantías, deben recogerse en normas democráticas, públicas y conocidas; pues sólo si el ciudadano ha consentido y conoce la Ley puede exigir su cumplimiento. Seguridad sí, pero no a costa de derechos que tanto hemos luchado por conseguir".

En España el desarrollo legal del derecho al secreto de las comunicaciones es anterior a la invención de Internet, anterior a la existencia de los teléfonos móviles, de cuando las cabinas funcionaban con fichas y que equipara la comunicación telefónica con la comunicación postal como se hacía en tiempos pre-digitales. Por esta razón, el vicesecretario de Comunicación ha preguntado: "¿De verdad no piensan que ha llegado la hora de actualizarlo?".

Esteban González Pons ha puesto de relieve que "no podemos conformarnos con esta situación":

1. Porque resulta anómalo que un derecho fundamental sea configurado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo ante la inacción del legislador orgánico.
2. Porque, como es sabido, la jurisprudencia no es fuente del Derecho Penal y, por tanto, por más Sentencias que se acumulen la situación de alegalidad no se resolverá nunca.
3. Porque es nuestra obligación producir una norma del Siglo XXI que desarrolle el derecho al secreto de las comunicaciones con la extensión y las garantías necesarias para un derecho fundamental del Siglo XXI.
4. Porque la tecnología de la comunicación no ha hecho más que crecer en los últimos años, añadiendo nuevos retos a la protección del derecho que deberían reflejarse en la Ley. Por eso, he comenzado pidiendo la colaboración de todos, porque en estas circunstancias no hacer nada es una opción inexplicable para cualquiera de los presentes.

La proposición de Ley Orgánica que ha presentado el diputado popular tiene por finalidad primordial rellenarlas lagunas legales hay, regulando todos los aspectos de la interceptación judicial de las comunicaciones que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos considera que tienen que estar previstos por la Ley. Así, la Proposición de Ley Orgánica señala que el Juez sólo podrá decretar la interceptación de las comunicaciones en el caso en que la gravedad de los delitos investigados así lo justifique.

Finalmente, Esteban González Pons ha declarado que "cuando llamen a nuestras casas de madrugada sea siempre el lechero y cuando se nos corte una llamada sea siempre porque no hay cobertura".

"Antes de que a nadie se le obligue a mostrarse desnudo ante el Estado es el Estado el que debe desnudarse ante nosotros. Por eso, nuestra obligación como legisladores es garantizar el derecho a conocer del pueblo frente al Gobierno y no a la inversa, debemos facilitar el acceso a la información que se encuentra en manos del poder o de las entidades privadas que realizan funciones públicas", ha concluido.

(Intervención íntegra de Esteban González Pons en el documento adjunto)