En este sentido, Barrachina ha explicado que esto hará depender de los consejeros autonómicos que aprueban los EREs la inspección de trabajo y serán los propios consejeros quienes determinen si se les inspecciona o no.

De hecho, Barrachina ha puesto de manifiesto que en el caso de Andalucía, el ex consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, que ejerció el cargo entre 2004 y 2010, sería de quién hubieran dependido funcional y orgánicamente los inspectores. Además, el propio Consejero con la nueva normativa, sería el responsable de la formación, promoción e incluso de acción disciplinaria contra los propios inspectores.

Por este motivo, el diputado popular ha asegurado que con esta reforma se entrega la inspección de trabajo a las tentaciones partidarias territoriales, se generan duplicidades y se fractura la unidad de mercado. Además ha estimado que la reforma "es un gravísimo error" ya que rompe con el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios para no "favorecer la impunidad y la falta de profesionalidad".

El portavoz de Administraciones Públicas recordado por tanto que la reforma "elimina la oposición como sistema único de entrada, impedirá la igualdad efectiva ante la ley de trabajadores y empresas, facilitará la competencia desleal entre Comunidades Autónomas, reducirá los medios materiales y personales en las Comunidades con menos recursos, producirá innecesarias reiteraciones de visitas de inspección al mismo sujeto por materias distintas generando ineficiencia y restará eficacia al sistema en perjuicio de los ciudadanos".

"La Administración menos austera"
Por otro lado, Barrachina ha asegurado que "la Administración de Zapatero es la más politizada y la menos austera" ya que según los últimos datos publicados de la EPA, "los únicos que no hacen sus deberes de ajuste de personal es el Gobierno socialista"

Además, Barrachina ha recordado que en 2004 la suma del gasto en altos cargos y personal eventual era de 94 millones de euros, mientras que en 2011 el gasto ascendió a los 120 millones de euros, lo que supone 26 millones de euros más.

En este sentido, el diputado del PP calificó de "asombroso" que la contratación de personal por parte del Estado se está "acelerando", según los datos del ministerio de Economía y la EPA. "Mientras las Comunidades Autónomas y las entidades locales reducen el número de empleados, el gobierno socialista aumenta en casi un 5%, 26.200 personas más del tercer al cuarto trimestre del 2010", terminó.