En su pregunta al ministro de Industria, Miguel Sebastián, la parlamentaria popular ha reprochado al Ejecutivo que "no haga cumplir la legalidad" ante la "vulneración del marco legal" en Castilla-La Mancha que, a expensas del presidente autonómico, José María Barreda, ha supuesto "una expresa censura de comunicación".

Como ha explicado Bonilla, los castellano-manchegos han visto cómo desde el pasado mes de noviembre "se vulneraba su derecho a recibir una información veraz" -consagrado por el artículo 20 de la Constitución-, con la "interferencia" del canal autonómico madrileño provocada por la instalación, en Guadalajara y Toledo, de dos emisores ilegales de una empresa -cuyo principal accionista es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha-, que emiten en el canal 63 e impiden que los ciudadanos puedan ver Telemadrid.

La dirigente popular ha echado así en cara a Sebastián que el Gobierno no haya actuado aún ante esta "irregularidad", máxime después de que el propio ministro de Industria "reconociera en el Senado que el uso del espacio radioeléctrico era indebido y no se ajustaba a la legalidad, que reconociera que habían requerido al Gobierno de Castilla-La Mancha para que cesaran en esa interferencia y que se comprometiera a un nuevo requerimiento y, en su caso, a un expediente sancionador".