El acuerdo, cerrado  por el ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba y por el responsable de Justicia e Interior del Partido Popular, Federico Trillo, imposibilitará a ETA acceder a las instituciones a través de las agrupaciones de electores. Para Bermúdez de Castro, "a través de esa reforma electoral hemos taponado todas las vías para impedir que ETA pueda conseguir su objetivo de volver a las instituciones democráticas".

En este sentido, ha citado las otras medidas ya adoptadas, como la de ampliar el plazo de los recursos, incluir la previsión de que si ETA-Batasuna quiere instrumentalizar las candidaturas de un partido legal, éstas sean anuladas, y establecer que los electos de un partido declarado ilegal, por connivencia con la violencia y el terror, estén incursos en una causa de incompatibilidad sobrevenida.

Tras recordar que las agrupaciones de electores son un instrumento de participación política que se caracteriza por su espontaneidad, el dirigente popular ha añadido que, "cuando se demuestra que una agrupación de electores está vinculada a un partido político ilegal, y por tanto, es un instrumento al servicio de un partido político ilegal en connivencia con el terror, dicha agrupación de electores deberá correr la misma suerte que el partido político ilegal, puesto que pierden su característica de la espontaneidad". Además, ha señalado que los electos de una agrupación de electores pueden incurrir en causa de incompatibilidad y salir de las instituciones en cualquier momento, no sólo en período electoral.

Todos los instrumentos jurídicos
Para Bermúdez de Castro, el Gobierno tiene ahora todos los instrumentos jurídicos para impedir que Batasuna, se llame como se llame, pueda concurrir a las próximas elecciones. "Y ahora, lo que le corresponde es aplicarlos. Eso se va a verificar en las próximas elecciones y el Partido Popular estará vigilante para que eso se produzca", ha añadido el dirigente popular.

"El mensaje a ETA es muy claro. Sólo quedan dos vías. O su derrota o su rendición incondicional, sin atajos, sin mediadores internacionales y sin contraprestación alguna. La libertad y la paz no tienen ninguna deuda, es un derecho de toda la sociedad y nunca un precio que haya que pagar a la banda terrorista", ha advertido el dirigente popular.

Por su parte, Federico Trillo ha subrayado que con este acuerdo, el Estado democrático de derecho consolida y fortalece sus instituciones frente a los terroristas y los violentos. "De manera que la única arma de la que puede valerse un demócrata es el uso de la palabra en las instituciones públicas, que no admiten y repugnan a quienes, tratando de cobijarse bajo la ley democrática, pretenden utilizar las instituciones al tiempo que las pistolas, la coacción y el chantaje.