El PP subraya la importancia de incorporar el derecho de interpretación y traducción en los procesos penales a nuestro ordenamiento jurídico

El portavoz del Grupo Popular en la Comisión Mixta de la UE, Pablo Casado, recalcó hoy, en nombre de su grupo, la importancia de incorporar el derecho de interpretación y traducción en los procesos penales a nuestro ordenamiento jurídico.

Así se expresó durante el dictamen de la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transponer la directiva comunitaria 2010/64, relativa al derecho de interpretación y traducción en los procesos penales, así como la directiva comunitaria 2012/13, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

En este sentido, Casado recordó que en nuestra legislación estos derechos se encuentran en la propia Constitución Española. "Aunque ningún artículo lo recoge expresamente, tanto la jurisprudencia como la doctrina entienden que debe entenderse en el artículo 24.1, que prohíbe la existencia de situaciones de indefensión, y en el 17 en el que se consagra el derecho a la libertad y, en su apartado 3, indica que toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible".

Asimismo, "el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en sus artículos 5 y 6, habla de que toda persona detenida preventivamente debe ser informada en el plazo más breve y en lengua que comprenda" y también se recoge en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 14 especifica el "derecho a ser informado sin demora en el idioma que comprenda y a ser asistido gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal".

Por todo ello, la transposición de la directiva comunitaria para garantizar este derecho "es algo fundamental" pues "está comprendido en otras legislaciones y también en nuestro propio marco constitucional".

Casado recordó que el Grupo Popular presentó una Proposición no de Ley hace apenas año y medio "en la que instaba al Gobierno a regular la formación de los traductores e intérpretes judiciales y jurados que se relacionaban con la administración de Justicia".

"En dicha iniciativa, se hacía referencia a la importancia como pieza clave de estos operadores y lógicamente también se emplazaba a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que la próxima semana llegará a la Cámara y podemos anunciar que, a instancias del Grupo Parlamentario Popular, se va a proponer que no solo en el orden penal, sino en el resto de órdenes jurisdiccionales, se realice así", añadió.

Para el diputado popular, es necesario recordar que "el texto que hoy sometemos a votación ya dice, en su disposición final tercera, que el Gobierno presentará en el plazo máximo de un año desde la publicación de esta Ley un Proyecto de Ley de creación de un Registro Oficial de traductores e intérpretes judiciales para la inscripción de todos aquellos profesionales que cuenten con la debida habilitación y cualificación".

Finalmente, Casado manifestó que "de aquí al debate en sesión plenaria la próxima semana, esperamos que se pueda llegar a algún acuerdo en torno a estas premisas que planteamos, como tremendamente necesarias en esta transposición fundamental de una normativa tan importante como la Ley de Enjuiciamiento Criminal".