El PP responde a los 52 diputados franceses que defendieron a los independentistas juzgados por el Supremo

Los 148 parlamentarios populares firman una tribuna en Le Monde

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El Partido Popular ha respondido en una tribuna, publicada hoy por el diario francés Le Monde, a los 52 diputados de la Asamblea Nacional de Francia que defendieron a los independentistas catalanes juzgados por el Tribunal Supremo el pasado 1 de septiembre en Le Journal du Dimanche. En la tribuna, el PP muestra la “indignación” que le producen las “acusaciones tan graves e infundadas” que realizaron.

Los 148 parlamentarios populares recuerdan que “los líderes independentistas no han sido juzgados por sus opiniones, sino porque han atacado nuestras leyes fundamentales, violando los derechos y libertades de millones de españoles, y sobre todo de los ciudadanos de Cataluña”. Además, defienden que “la democracia española goza de una calidad tan elevada como la francesa, según todas las organizaciones internacionales”.

El texto está firmado por el presidente del Partido, Pablo Casado, y por sus portavoces en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo; en el Senado, Javier Maroto, y en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat; así como por todos los diputados, senadores y europarlamentarios del PP.

A continuación se adjunta el texto íntegro del artículo traducido:

Pablo Casado, presidente del Partido Popular español; Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz en el Congreso; Javier Maroto, portavoz en el Senado; Dolors Montserrat, portavoz en el Parlamento Europeo, y un total de 66 diputados, 70 senadores y 12 eurodiputados del PP responden a los 52 diputados de la Asamblea Nacional que han defendido a los independentistas catalanes juzgados por el Tribunal Supremo.
El pasado 1 de septiembre, 52 diputados franceses publicaron en un periódico francés una tribuna en defensa de los líderes independentistas catalanes juzgados por el Tribunal Supremo español. En dicha tribuna, los diputados franceses acusaron a la democracia española y a nuestras instituciones de socavar los derechos y libertades fundamentales, de reprimir y de tomar medidas arbitrarias. Deseamos expresar en este escrito la indignación que estas acusaciones tan graves e infundadas nos producen.
Queremos recordar a los firmantes de ese escrito que la democracia española goza de una calidad tan elevada como la francesa, según todas las organizaciones internacionales; por ejemplo, Freedom House, que en su último informe sobre la libertad en el mundo (2019), otorga una puntuación de 94 sobre 100 a España, una de las más altas del mundo. Nuestro país tiene uno de los sistemas más descentralizados del mundo, con el poder dividido entre las instituciones centrales y las autónomas; a diferencia de Francia, que cuenta con un modelo político más centralizado.
Pero, sobre todo, queremos señalar que los líderes independentistas no han sido juzgados por sus opiniones, sino porque han atacado nuestras leyes fundamentales, violando los derechos y libertades de millones de españoles, y sobre todo de los ciudadanos de Cataluña. El Tribunal Supremo español no juzga el debate político sobre la independencia, un debate que por otra parte se puede realizar de manera libre en nuestro país, sino la ruptura de nuestras leyes y de nuestra Constitución.
La Fiscalía del Tribunal Supremo de España ha concluido que los acusados cometieron un delito de rebelión y ha solicitado importantes penas de prisión, porque se ha demostrado que se usó la violencia en el contexto de una estrategia planificada y organizada para fracturar nuestro orden constitucional, incluida la celebración de un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia por parte de las autoridades autónomas catalanas.
Si, por ejemplo, los líderes nacionalistas que actualmente constituyen la mayoría en las instituciones regionales de Córcega organizaran un referéndum ilegal sobre la independencia de Córcega y proclamaran unilateralmente la independencia, rompiendo la Constitución, y en particular su artículo primero sobre la "República indivisible", los tribunales franceses y todas las instituciones sin duda reaccionarían con la misma firmeza en defensa de sus reglas democráticas, su Constitución y la unidad de Francia. Si esto sucediera, nosotros estaríamos sin dudarlo del lado de Francia, para defender su democracia, su Constitución y su unidad, con la misma convicción con la que actualmente estamos defendiendo la democracia española, nuestra Constitución y la unidad de nuestro país.