Las más de 40 enmiendas presentadas constituyen un modelo alternativo al del Gobierno, claramente intervencionista y controlador. Para dejar claras desde el principio las diferentes concepciones de unos y otros en relación con la libertad de expresión y comunicación y el derecho a la información, se propone la enmienda relativa a la autoridad judicial y a los servicios audiovisuales.

Asimismo, se han presentado distintas enmiendas para establecer claramente quiénes son los sujetos obligados por esta Ley y quiénes están excluidos de su ámbito de aplicación. En este sentido, se recupera el sentido y el tenor original de la Directiva europea de Servicios de Comunicación Audiovisual, para dejar claro que esta regulación no afecta ni a los operadores de telecomunicaciones ni a los internautas, que ya se rigen por sus propias normas (la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información).

Por otro lado, se pide la supresión de todo el Título V, que crea y regula un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales tremendamente intervencionista y controlador, y se propone que, en su lugar, se desarrollen las competencias del Comité Audiovisual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones como órgano regulador independiente.

Frente al modelo intervencionista gubernamental, el PP defiende otro basado en la autorregulación y el autocontrol sectorial y en un sistema único de etiquetado de los contenidos digitales.

En todo caso, se pretende eliminar todo margen a la arbitrariedad en la actuación administrativa de control de los medios de comunicación audiovisual, en defensa de la libertad de expresión y del derecho de información.

Así, se suprimen infracciones muy graves, que llevan aparejada una sanción de hasta un millón de euros y cuya aplicación quedaría al albur de la interpretación de un órgano administrativo sin las garantías jurisdiccionales, en unas materias que afectan de lleno a derechos fundamentales de todos los ciudadanos, para los que la Constitución garantiza la tutela judicial.

Para el Partido Popular, en materia de derechos fundamentales los únicos que pueden marcar límites e imponer sanciones son el Código Penal y los Jueces.