Según el portavoz popular de Interior, Luis Peral, una negativa socialista a aceptar esta propuesta sería "un varapalo muy serio al Estado de Derecho, porque la enmienda del Grupo Popular sólo pretende dotar de legalidad a un sistema hasta la fecha ‘alegal'".

Peral considera que los actuales sistemas tecnológicos utilizados por Policía y Guardia Civil, permiten una "eficiencia extraordinaria" que no debe estar exenta del debido control judicial y de las garantías que sean necesarias. "El objetivo de eficacia justifica que los contribuyentes financien la adquisición y funcionamiento de estos sistemas, pero, como contrapartida, exige que se garantice que el uso de los mismos, cuando se interceptan comunicaciones, se produzca siempre en el marco de la Ley, con autorización judicial previa y con pleno respeto a los derechos de los ciudadanos".

Las dos enmiendas, una relativa a la Guardia Civil y la otra al Cuerpo Nacional de Policía, tienen una redacción similar. Se trataría, en ambos casos, de introducir en las leyes vigentes, para los agentes de ambos cuerpos la siguiente prohibición: "incumplir o exceder el contenido o los límites de los mandamientos judiciales en lo referente al control de las comunicaciones o a las grabaciones de las mismas, así como difundir o no destruir aquellas grabaciones que no hubieran sido incorporadas al sumario de un procedimiento judicial".