El PP presenta una Ley para evitar el cierre de oficinas del Registro Civil y preservar su carácter público y gratuito

Carlos Rojas y María Jesús Moro han informado a SOS Registro Civil de su contenido en una reunión hoy en el Congreso de los Diputados

Mª Jesús Moro y Carlos Rojas se reúnen con miembros de SOS Registro Civil
Mª Jesús Moro y Carlos Rojas se reúnen con miembros de SOS Registro Civil

Defiende su papel en la cohesión territorial con oficinas próximas a municipios pequeños y que se fomenten los servicios electrónicos

El portavoz adjunto del GPP Carlos Rojas y la diputada popular María Jesús Moro se han reunido hoy en el Congreso con miembros de SOS Registro Civil. Durante el encuentro, han aprovechado para informarles acerca de la Proposición de Ley de modificación de la normativa sobre el Registro Civil registrada por el PP. Se trata de evitar que la entrada en vigor de una reforma aprobada en 2011 suponga el cierre, desde el próximo mes de junio, de la inmensa mayoría de las sedes del Registro que existen en la actualidad. Esto perjudicaría de manera muy especial a los municipios pequeños y crearía una situación claramente nociva para la España rural.

En este sentido, la propuesta de modificación quiere preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito; garantizar el acceso a todos los ciudadanos –impulsándolo también mediante servicios electrónicos-; aprovechar la experiencia, y respetar los derechos de los empleados públicos a cargo de los mismos -letrados de la Administración de Justicia-.

El PP considera que el Registro es una institución que afecta a todos los ciudadano y cumple funciones esenciales para garantizar la seguridad jurídica de las personas. Además, sus oficinas sirven como un importante instrumento de cohesión territorial,
dada la dispersión de los núcleos de población, las distancias entre ellos y su diversa situación en cuanto a dotaciones tecnológicas.

Es la tercera vez que el GPP presenta una Proposición de Ley en defensa del Registro Civil, dado que la primera fue bloqueada en 2017 por PSOE y Cs, y la segunda decayó tras la disolución del Parlamento el pasado mes de septiembre. El texto fue negociado y consensuado en su día con asociaciones y sindicatos y representantes de los profesionales de la Administración de Justicia.

Ante la pasividad del Gobierno al respecto, todos los diputados del PP han dirigido también preguntas parlamentarias al Ejecutivo para conocer qué está haciendo en cada circunscripción para evitar los problemas derivados de su desidia.