Por otro lado, el Grupo Popular prepara una Proposición no de Ley en la que pedirá al Gobierno que presente las medidas oportunas para dar seguridad y cobertura a quienes la están demandando del Estado.

La interpelación del PNV defendida el miércoles, 16 de septiembre se traducirá en una próxima moción que "estudiaremos en profundidad", señaló el diputado del PP, y "el Gobierno tiene que tener muy claro que debe defender los intereses españoles en alta mar y no puede abandonar a su suerte a 1.500 españoles que están faenando en aguas internacionales".

El Partido Popular apoya sin reservas a nuestras Fuerzas Armadas y ha apoyado al Gobierno en la presencia española en escenarios de guerra como son Líbano y Afganistán. Además, el PP, aparte de felicitar a los barcos españoles y al comandante español que ha estado al frente de la operación Atalanta, felicita a la Marina española por el excelente papel que está realizando.

Profunda decepción

El portavoz adjunto de Pesca del Grupo Popular, Aurelio Sánchez Ramos, expresó la "profunda decepción" del Partido Popular por la negativa del Gobierno a proteger militarmente a la flota española que faena en el Índico, que ha solicitado al Ministerio de Defensa la disposición a bordo de personal militar, al igual que ha hecho Francia.

El miércoles, 16, la Ministra de Defensa ha intervenido en el Congreso de los Diputados para precisar la posición del Gobierno respecto a la situación de los ataques de piratería que sufre la flota atunera congeladora que opera en el Océano Indico, frente a las costas de Somalia, en aguas internacionales. Los populares no entienden que la ministra se limite a recomendar a los armadores que contraten a empresas de seguridad privada, tan denostadas por el PSOE, y que han sido excepcionalmente autorizadas por el Ministerio del Interior a usar fusiles de largo alcance para este cometido.

Los intentos de abordaje de tres barcos atuneros congeladores, la semana pasada en aguas internacionales frente a las costas de Somalia, ha generado en los armadores una gran inquietud que puede hacerles llevar a su retirada de esta zona de pesca, con los consiguientes perjuicios económicos para las empresas, las tripulaciones y las industrias conservaras a las que surten.

Defensa ha denegado la petición por entender que no lo permite el ordenamiento jurídico español, circunstancia esta que no es así entendida por el Grupo Popular, al tratarse de buques de bandera nacional y ser considerados como una prolongación del territorio nacional y, por tanto, estar sometidos a la jurisdicción del Estado de pabellón. Tampoco a las empresas de seguridad le permite nuestro ordenamiento el uso de fusiles y se les ha autorizado para este fin.

Hay que reprobar igualmente que se haya escudado la Ministra en el gasto de 75 millones de euros que supone la participación de España en el programa internacional Atalanta para no asumir el planteamiento de los armadores. Se olvida de que son 1.500 tripulantes españoles a los que no les llega la protección de este programa y que están más expuestos por desplazar a los piratas hacia su zona de pesca y ser blanco más fácil por la protección militar de la que ya gozan los franceses.

El Grupo Popular asumirá cualquier planteamiento que vaya orientado a dar seguridad a la flota atunera, al igual que a otros miles de buques que utilizan la zona en régimen de transito, siempre que no supongan un menoscabo de las responsabilidades que tiene el Gobierno de garantizar la seguridad inmediata de los marineros españoles que están en plena campaña y que necesitan protección urgente.