Desde que el Gobierno aprobara el Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit, por el que se establecía, entre otras medidas, la suspensión de la revalorización de las pensiones para el año 2011, es decir, la congelación de las mismas, se han ido presentando y aprobando por varios grupos parlamentarios, diversas iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado, con la finalidad de que tal medida se derogara.

Además de las distintas mociones y propuestas de resolución, presentadas éstas últimas, al pasado Debate sobre el estado de la Nación, distintos grupos parlamentarios, entre ellos el GPP, presentaron proposiciones de ley con el fin de no congelar las pensiones.

El Gobierno de Zapatero vetó la proposición de ley del GPP (además de la de CiU y ERC) el pasado mes de septiembre, por considerar que ésta suponía un aumento de los créditos presupuestarios con efecto directo sobre el gasto en el año 2010.

El Grupo Parlamentario Popular no comparte en absoluto la motivación del Gobierno y por ello ha presentado el escrito para la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Acuerdo del Gobierno de 9 de septiembre de 2010, de disconformidad para la tramitación de la Proposición de Ley relativa a la supresión del Capítulo II "Medidas de Seguridad Social", del Real Decreto ley 8/2010, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 4 de junio de 2010, por cuanto los elementos reglados de dicho Acuerdo del Gobierno vulneran, a su juicio, lo prevenido en los artículos 134. 6 de la Constitución Española y 126. 2 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

En concreto, el GPP considera que, cuando nuestra Constitución española en su artículo 134.6 y el Reglamento del Congreso en el 126.2 otorgan al Gobierno facultades para vetar proposiciones o enmiendas, se refiere a aquellas que supongan de forma directa un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, entendiendo que tal afectación, deberá producirse, para que el Gobierno pueda hacer uso de esta potestad, respecto de los presupuestos del ejercicio corriente, esto es, de los vigentes.

Dado que la Proposición de Ley del GPP hace referencia exclusivamente al mantenimiento de la revalorización de las pensiones en el año 2011, dicha medida, en contra de lo que apunta el Gobierno, no tendría impacto de los Presupuestos Generales del Estado vigentes del 2010, que son a los que se refiere el artículo 134.