El PP impulsa con todos los grupos la creación de una Subcomisión que aborde la violencia infantil

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha solicitado junto a todos los grupos del arco parlamentario la creación de una Subcomisión que aborde el problema de la violencia contra los niños y las niñas, y que se crearía en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Lo ha hecho a través de un escrito conjunto dirigido a la Mesa de la Cámara Baja, al que se han incorporado todos los grupos, y por el que se fija como objetivo principal la realización en un plazo máximo de seis meses de un estudio sobre la violencia infantil en España, donde esta lacra "ha permanecido oculta como una realidad poco documentada y poco denunciada". De igual modo, los grupos parlamentarios se marcan también como objetivo la aprobación de unas conclusiones que orienten las políticas destinadas a prevenir y abordar este problema.

Al hilo de esta iniciativa, la portavoz de Servicios Sociales del Grupo Parlamentario Popular, Susana Camarero, destaca el impulso del Gobierno de Mariano Rajoy con las políticas de la Infancia: "Desde el Gobierno y desde el GPP queremos promover activamente políticas de apoyo a la familia, centrándonos especialmente en los niños y niñas que la forman, porque son nuestro presente y nuestro futuro y porque llevar a cabo políticas que favorezcan la situación actual de la infancia es imprescindible".

Según consta en la iniciativa, la violencia infantil en España, que es una realidad de enormes proporciones que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo, "no ha sido abordada de una manera global ni percibida como un problema social grave de grandes proporciones que requiere una respuesta urgente por parte de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad".

A este respecto, Camarero señala que "a pesar de que se han puesto en marcha planes y programas importantes como el PENIA o el RUMI, se sigue dando una respuesta fragmentada al problema; queremos lograr un objetivo común a partir de un diagnóstico global".

El escrito también pone de manifiesto que la Ley orgánica 1/1996 define el marco jurídico de intervención de las autoridades públicas sólo ante algunas situaciones de violencia, y que dicha ley tan sólo contempla medidas de intervención ante situaciones de riesgo o desamparo que no siempre son adecuadas o suficientes ante ciertas realidades sociales, y tampoco dan respuesta a todas las formas de violencia contra la infancia reconocidas en la normativa internacional.

Para subsanar este déficit así como los principales obstáculos que presenta ese problema en nuestro país al no haber datos oficiales globales ni estudios relevantes al respecto "debido a que los más pequeños carecen de capacidad de denuncia y a la ausencia de mecanismos oficiales de recogida de datos eficaces", nace una iniciativa que persigue abordar el problema como un objetivo común formulado a partir de un diagnóstico global en España, así como para dar respuesta a la observación el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas realizó en 2010, instando al Estado español a abordar una ley integral para combatir esta lacra en todas sus formas.

La iniciativa recalca que la violencia contra los niños y las niñas es una violación grave de los derechos humanos que conlleva efectos negativos en el bienestar y el desarrollo del niño, y que "requiere de una respuesta urgente y decidida por parte de los poderes públicos en España". Asimismo, expone que una de las maneras más eficaces de eliminar esta violencia es prevenirla y combatirla, porque "la prevención de la violencia en una generación reduce su probabilidad en la siguiente".

La Subcomisión se compondrá de diez miembros, de los que tres corresponderán al Grupo Popular.