En este sentido, el portavoz adjunto del Grupo Popular se preguntó por qué el Gobierno es tan diligente cuando se trata de perseguir a pequeños propietarios y, sin embargo, es negligente en la aplicación de la Ley cuando los propietarios son poderosos e incluso renuncia a la ejecución de sentencias firmes.

Además, Floriano expresó su apoyo a las acciones del Ministerio que tengan por objeto terminar con aquellas situaciones en las que se invadió el dominio público de manera consciente, pero aseguró que no puede compartir que se pueda actuar contra viviendas o instalaciones que se construyeron en zonas donde no se había practicado deslinde o en las que, practicado el deslinde, el Estado no reclamó ante los tribunales la propiedad, por lo que los propietarios la siguieron disfrutando de manera indiscutida.

Lo mismo expresó el portavoz de Medio Ambiente del PP respecto a construcciones que se han visto incluidas en dominio público como consecuencia de deslindes posteriores a la construcción o a zonas de especial interés cultural o al propio hecho insular, en el que aplicar la ley como lo está haciendo el Ministerio es, en su opinión, un profundo error.

Por último, Floriano pidió responsabilidad al Gobierno y advirtió que la aplicación de la Ley de Costas no es neutra a la crisis económica, puesto que actividades empresariales como las desarrolladas por los chiringuitos, los salineros o los pescadores ven afectados su actividad por la misma.