Asimismo, el capítulo IV de la norma, en su artículo 104, establece que las administraciones educativas velarán por que el profesorado reciba el trato y la consideración acordes con la importancia social de la tarea.

Este apoyo y reconocimiento han sido reclamados por los sindicatos más representativos del sector, ya que los profesores son "la piedra angular" del sistema educativo español. En este sentido, el Grupo Popular señala que España es el país de la OCDE donde más ha descendido la valoración social de la educación y de la profesión docente.

Para el PP, "es una condición indispensable" disponer de un profesorado con autoridad en las aulas y reconocido socialmente para, de esta manera, avanzar en un sistema educativo de calidad.

A su juicio, los casos de violencia escolar que sufren maestros y profesores en los centros requieren de medidas legales, como es el reconocimiento expreso de su condición de autoridad, que permitirá tipificar las agresiones que sufren los docentes como atentados de los previstos en los artículos 550 y 551 del Código Penal.

Además, recuerdan que el Ministerio Público aconseja a los fiscales que califiquen las agresiones a los funcionarios en el ámbito educativo, además del sanitario, como atentado contra la autoridad y funcionario público debido a las reiteradas noticias sobre amenazas y ataques que han generado un amplio debate en la sociedad.

Según el PP, la Fiscalía General del Estado quiere con esta recomendación proteger el orden público, al entender que estas personas prestan un servicio de interés general, puesto a disposición de todos los ciudadanos.