El PP apoya la supresión de publicidad en RTVE y se opone a que la factura la paguen los ciudadanos

Aunque el PP coincide en que es positivo para el futuro de la televisión pública en particular y del sector audiovisual en general que TVE deje de emitir publicidad en su programación, se opone a que la factura la paguen los ciudadanos

Así, el Grupo Popular votó en contra de los artículos 2 y 5 del Proyecto de Ley de financiación de la Corporación RTVE, relativos a la financiación y a la aportación de los operadores de telecomunicaciones, porque no está de acuerdo con el modelo de financiación propuesto, especialmente de las aportaciones obligatorias de los operadores de telecomunicaciones porque, en última instancia, las aportaciones las pagarán los ciudadanos al repercutirlas los operadores en las facturas de teléfono e Internet. En definitiva, un nuevo canon digital.

En este sentido, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luís Ayllón, advirtió al Ejecutivo de que "encerrado en el búnker de La Moncloa es imposible saber realmente cuáles son los problemas de los españoles y de la sociedad y mucho más difícil es aún llegar a acuerdos que puedan satisfacer al conjunto de los ciudadanos".

En relación al artículo 5 de la norma Ayllón explicó que su grupo había presentado una enmienda transaccional cuya finalidad es, en vez de suprimir el artículo 5 del Proyecto, que se regulen los servicios de televisión con independencia de quién y con qué tecnología se están prestando, es decir, que éste regule las aportaciones de los operadores de telecomunicaciones que ofrezcan servicios de televisión y que el porcentaje de esas aportaciones se calcule exclusivamente sobre los ingresos que generan dichos servicios y no sobre todos los ingresos generados por las actividades de los operadores de telecomunicaciones.

Ayllón consideró que el artículo 5 y su posible interpretación futura así como su viabilidad es uno de los puntos críticos del Proyecto hasta tal punto que el PP tiene "serias dudas sobre su constitucionalidad".

Además, señaló que "incluso en el caso de los operadores de telecomunicaciones que prestan servicios de televisión, es también injusto, arbitrario y de dudosa constitucionalidad que la aportación se calcule sobre los ingresos de todas sus actividades cuando lo lógico es que se haga sólo sobre los ingresos por dichos servicios de televisión". "A ustedes no les preocupa porque saben que los errores de este Gobierno los va a acabar pagando dentro de muy poco un Gobierno del PP", subrayó.

El PP logra introducir dos enmiendas
Por otra parte, Ayllón destacó dos enmiendas presentadas por el PP y que finalmente han quedado introducidas en el articulado de la norma. Así, se refirió a la enmienda 164, que modifica el artículo 9.1 m) y que baja de 70 a 52 películas de estreno realizadas por las grandes productoras cinematográficas internacionales que Televisión podrá emitir a partir del momento que entre en vigor esta norma en horario de máximo consumo televisivo.

Además, se aceptó también la enmienda número 166 del PP, que añade una nueva disposición adicional en la que se pide no sólo que el Gobierno remita a la Cámara en el plazo de un mes el Proyecto de Ley General Audiovisual, sino que en éste se defina un modelo completo de televisión pública.

Modelo incompleto, incorrecto e incoherente
En su intervención, Ayllón también acusó al Gobierno de haber perdido una gran oportunidad de hacer las cosas bien, por su orden y buscando el acuerdo mayoritario de los grupos de la Cámara y de haber presentado finalmente un "paquete de reforma por fascículos del sector audiovisual".

"Desde el primer momento -recordó- el PP manifestó su voluntad de llegar a acuerdos con el Gobierno para que este Proyecto de Ley acabara siendo una Ley de máximo consenso porque estábamos y seguimos estando de acuerdo en lo esencial, que es positivo para el futuro de la televisión pública en particular y del sector audiovisual en general, que TVE deje de emitir publicidad en su programación".

En este sentido, afirmó que no se había llegado a un acuerdo con los socialistas porque han presentado un modelo "incorrecto, incompleto y sobre todo incoherente" porque, en su opinión, desde el principio "han insistido en ir en dirección contraria en cuanto al modelo, no en cuanto al espíritu, pensando que somos todos los demás los que estamos equivocados".