Pedimos que no se politicen las tecnologías vinculadas a la energía

Guillermo Mariscal recuerda las medidas aprobadas la pasada legislatura para garantizar la seguridad sobre personas y medioambiente en relación con el ‘fracking’

“Cualquier Gobierno responsable y serio debe conocer los recursos energéticos de los que dispone un país, y más cuando existe una enorme dependencia energética”.

El portavoz de Energía del GPP, Guillermo Mariscal, instó hoy a los grupos de la oposición a “no politizar” las tecnologías vinculadas a la energía porque, según recordó, “la energía ha venido siendo utilizada como un elemento de fuerza por países y fuerzas políticas”, pero las tecnologías “no son de izquierdas ni de derechas, sino que son eficientes o no lo son, y reducen la dependencia o no la reducen”.

Durante su intervención en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, el dirigente popular señaló que “cualquier Gobierno serio y responsable debe conocer los recursos de que dispone su país” y con más razón, explicó Mariscal, cuando existe una enorme dependencia energética, como ocurre en el caso de España.  “La obligación de cualquier Gobierno -incidió Mariscal-, es garantizar la energía a un precio competitivo, reduciendo la dependencia y garantizando la sostenibilidad económica y medioambiental”.

Nuestro país, detalló el portavoz popular, dispone solo de recursos autóctonos de un 0,36% en el petróleo y de 0,18% en el caso del gas, es decir, “importamos alrededor de 35.000 millones al año”. Se trata de una “enorme dependencia”, apostilló Mariscal, que se aproxima al 75%.

Ante este escenario, el dirigente popular recordó que el Parlamento Europeo “no se niega ni se opone” a la fractura hidráulica, y que el Gobierno del PP aprobó a lo largo de la pasada legislatura “normas que garantizan la seguridad sobre personas y el medioambiente en las actividades derivadas del ‘fracking”, lo que conlleva que cualquier tipo de operación -sea de investigación, exploración, extracción o desmantelamiento-, tenga que ir acompañada de una evaluación de impacto ambiental, y ello redunda en “la máxima protección ambiental y en la máxima participación del público en este tipo de evaluaciones”. 

Mariscal no solo se limitó a hablar de la nueva normativa vinculada a las actividades de la fractura hidráulica, sino que también abordó “el desarrollo económico que estas actividades llevan implícitas”. Repasó así “las medidas de contenido económico que el Gobierno incluyó para que esos bienes de dominio público, que yacen en el subsuelo, reviertan en la sociedad” como, por ejemplo: “un impuesto del valor sobre la extracción de gas y petróleo, que revertiría en las comunidades y los ayuntamientos afectados; una nueva escala del canon de superficie aumentando las cifras para que se eleve la cantidad que percibe la administración; y un 1% del valor total de lo extraído, tanto de gas como de petróleo, que revertiría en el propietario del terreno ocupado”.

Para finalizar, Mariscal se mostró sorprendido de que mientras se habla de abaratar los precios o de defender el desarrollo de la industria electro-intensiva, haya quienes nieguen la posibilidad de conocer los recursos energéticos de los que dispone España.

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