El Partido Popular garantiza el presente y el futuro de las pensiones

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba un paquete pionero de medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal:

- Compatibilizar el cobro de la mitad de la pensión con la permanencia en un trabajo, una vez cumplida la edad legal de jubilación.
- Regulación de la jubilación anticipada: se reservará para los trabajadores con largas carreras de cotización.
- Se eleva la edad de jubilación anticipada: la voluntaria, de los 63 años a los 65 años en 2017 y la involuntaria de los 61 a los 63 en el mismo año.
- Se fija un periodo mínimo de cotización, de 35 años en el caso de la jubilación voluntaria y de 33 en el caso de la forzosa.
- Regulación de la jubilación parcial: se limita al 50% la reducción máxima de la jornada con carácter general y se eleva el periodo mínimo de cotización hasta los 33 años.
- Medidas para desincentivar los despidos colectivos de mayores de 50 años, para evitar la discriminación de edad.

Los objetivos del Gobierno son evitar la discriminación por edad y los abusos que ponen en peligro las pensiones de todos:
- Avanzar en la sostenibilidad del sistema de pensiones: acceder a la jubilación antes de alcanzar la edad legal supone un coste de 10.000 millones al año.
- Impulsar el envejecimiento activo de forma justa: no se puede pedir a los ciudadanos que se jubilen a los 67 años cuando otros se jubilan muy anticipadamente.
- Luchar contra la discriminación por razón de edad en el trabajo: se facilita la prolongación voluntaria de la vida laboral.
- Facilitar la transición entre la vida activa y la jubilación: no hay sistema de pensiones si no hay españoles trabajando.

Por primera vez se adoptan medidas para evitar la discriminación por razón de edad, con una política económica que garantiza las pensiones. 
- La nueva coyuntura económica y social exige que adaptemos nuestra legislación para asegurar la viabilidad de las pensiones.
- Estas medidas siguen las recomendaciones del Pacto de Toledo y Bruselas para garantizar las pensiones y la prolongación voluntaria de la vida laboral.