El Parlamento Europeo abre la negociación para alcanzar un acuerdo sobre la nueva regulación del sector de telecomunicaciones

El Parlamento Europeo y el Consejo de ministros de la UE han acordado abrir esta negociación que quedó pendiente la pasada legislatura por la divergencia de opiniones entre ambos sobre el acceso a Internet

El vicepresidente del Parlamento Europeo y diputado del PP, Alejo Vidal-Quadras ha advertido que a partir de ese momento los días están contados para alcanzar un acuerdo y que "sería una pena no alcanzar un acuerdo con el Consejo que haría fracasar todo un paquete legislativo en el que el Parlamento ha trabajado durante más de dos años para conseguir grandes avances".

A pesar de haber mantenido varias reuniones informales todavía no se ha llegado a un acuerdo en el punto pendiente que aprobó el Parlamento en la pasada legislatura, contra todo pronóstico, y que versa sobre la consideración del acceso a Internet como un derecho fundamental y, como tal, sólo puede verse limitado tras una decisión judicial.

El Consejo de ministros de la UE rechazó formalmente esta enmienda, que la cámara respalda por mayoría cualificada, en su reunión del pasado 9 de octubre, por lo que es necesario abrir el proceso de conciliación entre ambas instituciones.

Los ministros alegan que el requisito de necesitar una decisión previa de un juez implica que esta legislación, basada en el Artículo 95 del Tratado (mercado interior), estaría armonizando los sistemas constitucionales y jurídicos de los Estados Miembros lo que va más allá de las competencias comunitarias y que, en consecuencia, sería rechazado por la Corte de Justicia Europea en caso de ser recurrido.

Por su parte, el Parlamento Europeo no se ha apeado de su exigencia de incluir disposiciones que protejan al máximo los derechos de los usuarios y por tanto está trabajando en encontrar una fórmula adecuada que garantice que cualquier medida que se tome para restringir el acceso a Internet a los ciudadanos sea el resultado de un procedimiento previo que sea justo e imparcial, que asegure el derecho a ser escuchado y respete el principio de presunción de inocencia tal como establecido en la Convención Europea de Derechos Humanos.
De esta manera, explicó Vidal-Quadras, se quiere evitar que las autoridades competentes tomen decisiones arbitrarias que vulneren los derechos de los internautas.

El paquete legislativo para regular el sector de las telecomunicaciones está compuesto por dos directivas y un reglamento que profundiza el la liberalización del mercado con el fin de fomentar las inversiones y facilitar la entrada de nuevas tecnologías en el mercado. Además introduce una serie de derechos de los consumidores en el ámbito de su privacidad y refuerza la protección contra el spam. Los proveedores necesitarán el consentimiento previo de usuario antes de instalar "cookies" en los ordenadores.

Los usuarios podrán mantener su número de teléfono si cambian de operador y deberá ser transferido en el plazo máximo de un día. También establece que es ilegal enviar correos electrónicos con material engañoso o enlaces a sitios fraudulentos. Esta legislación obliga además a los proveedores a ofrecer información clara sobre las tarifas, las condiciones contractuales y la velocidad de la conexión. Si el operador altera estas condiciones, el consumidor tendrá derecho a terminar el contrato sin penalizaciones.