Otra herencia Socialista: Proyecto CASTOR

La irresponsabilidad socialista puede costar 1.700 millones de euros a los españoles

El Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, otorgó la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de gas “Castor”. En su artículo 14 se prevé la indemnización a la empresa en caso de paralización de la actividad, por el valor residual de la inversión, que ascendería a unos 1.700 millones de euros. Gobierno Socialista.

El almacenamiento subterráneo “Castor” se encuentra recogido en el Documento de Planificación de Sectores de Electricidad y del Gas 2008-2016, aprobado por el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008. Gobierno Socialista.

El 23 de octubre de 2009 se publica la Resolución de la Secretaria de Estado de Cambio Climático formulando Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. En ella no se contemplan los riesgos sísmicos ni la sismicidad inducida. Gobierno Socialista.

El 11 de mayo de 2012 el Gobierno del Partido Popular recurre la cláusula que prevé la indemnización por considerarla lesiva para el Estado. 

En Octubre de 2012 el Tribunal Supremo desestima el recurso.

Durante la 3ª fase de inyección de gas colchón, entre el 24 y el 16 de septiembre de 2013, la empresa ESCAL UGS S.L. informó de una serie de eventos sísmicos en las inmediaciones del almacenamiento subterráneo Castor.

El 26 de septiembre de 2013, la Dirección General de Política Energética y Minas adopta la decisión de suspender la operación de almacenamiento. A la vez requiere sendos informes al Instituto Geográfico Nacional (IGN) e Instituto Geológico y Minero de España (IGME) e informes adicionales a entidades extranjeras de reconocido prestigio. Se decide mantener la paralización del almacenamiento el tiempo necesario, primando la seguridad de las personas y el medio ambiente.

El 25 de junio de 2014 la compañía comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, su decisión de renunciar a la licencia de explotación concedida en 2008 por el Ministerio de Industria.