"No hay Justicia si los poderes públicos no cumplen las resoluciones y el desacato consentido es el final del orden jurídico"

El portavoz Constitucional del Grupo Popular en el Congreso, Pedro Gómez de la Serna, afirmó hoy que “no hay Justicia si los poderes públicos no cumplen las resoluciones; el desacato consentido es el final del orden jurídico”, al tiempo que negó que la reforma de la Ley Orgánica del TC propuesta por el PP sea inconstitucional, altere la naturaleza del mismo o suponga dinamitar la institución.

En este sentido, en su intervención en el pleno que debatía la Proposición de Ley de los populares, Gómez de la Serna pidió a la oposición “un poco de moderación” en el juicio, “mantener la relevancia de la institución y no erosionarla”.

“Comprendo –dijo- que el PSOE en este tema haya optado por el toreo de salón, pero nosotros no estamos aquí para dar teóricas al resto de los grupos parlamentarios, sino para dar fortaleza democrática a nuestras instituciones y para armar jurídicamente a nuestras instituciones frente a lo que, en palabras de Alfonso Guerra, es un golpe de estado a cámara lenta en toda regla”.

El portavoz popular aseguró que el Gobierno del PP prefiere “una democracia segura de sí misma, con instituciones fuertes que puedan estar a la altura de los desafíos, a una democracia acomplejada y débil”.

Por ello, en referencia a la actitud de los socialistas, el diputado popular les advirtió que la respuesta “frontal e irracional”  del principal partido de la oposición no ha sorprendido en el PP después de que la formación de Pedro Sánchez se haya embarcado una estrategia política consistente en regalarle la tercera ciudad de Barcelona a un grupo que recauda dinero para los presos de ETA, en darle las cinco ciudades españolas a un movimiento radical partidario del derecho de autodeterminación, o en introducir a más de 40 ayuntamientos de Cataluña en la asociación de ayuntamientos por la independencia. 

MÁS CONSIDERACIONES POLÍTICAS AL PSOE

Además, Gómez de la Serna recordó que los mismos socialistas son los que suprimieron en el año 85 de manera absolutamente unilateral y vía Proposición de Ley, el recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía; “y de ahí viene todo esto”, dijo el portavoz popular, quien añadió que fueron los socialistas también “con el célebre jurista profesor Rodríguez Zapatero, los que montaron el lío de la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 rompiendo por primera vez en la historia democrática de España el consenso con el principal partido de la oposición, negociando el Estatut a oscuras y en secreto con el señor Mas, traicionando incluso a su propio partido en Cataluña (Acuérdense del enfado de Maragall) y pasaron de un estatuto de consenso a un estatuto de exclusión”. 

Por ello, exigió al PSOE “que no venga dando clases ahora”. Ellos mismos “incendiaron esta cuestión y no pueden presentarse como el bombero pirómano en este momento”.

También aseguró Gómez de la Serna que no es cierto “que la doctrina se haya posicionado en contra”. En este sentido, se refirió a las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, a catedráticos de tanto relieve como Jorge de Esteban o como Francesc de Carreras, a Magistrados del Supremo como Requero, a ex presidentes de la Audiencia Nacional, al  ex vicepresidente del TC Rodríguez Arribas o a un catedrático que, como Gimbernat,  “la ha respaldado explícitamente”.

A su juicio, “esa arrogancia jurídica” con la que los socialistas “han abordado este debate es absolutamente improcedente y está completamente fuera de lugar”.

SOBRE LAS OBJECIONES A LA REFORMA

En cuanto a que la reforma es innecesaria y que el Código Penal, la vía penal, el TC, los mecanismos jurídicos, jurisdiccionales, del auxilio ordinario, son perfectamente suficientes para abordar este tipo de cuestiones y resolver este tipo de incidencias, dijo, no sostenerlas en pie.

En lo que se refiere a la cuestión penal, De la Serna explicó que “la consecuencia jurídica de la comisión de cualquier delito no es la ejecución de la resolución que se pretenda cumplir, sino la sanción”. “No es sustitutivo, es complementario; una cosa es una medida cautelar que pretende garantizar que se ejecuta una resolución y otra cosa es la sanción de un tribunal, que es el reproche jurídico frente a un incumplimiento”, remachó.

Sobre la vía del Ministerio Fiscal como medida alternativa de la reforma que el PP introduce, el diputado popular recordó que el 21 de noviembre de 2014 el Ministerio Fiscal  inició y planteó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que “diez meses después estamos como estamos”. “Se celebró una pseudo consulta, suspendida por el TC, sin que la resolución se pudiera aplicar como era preceptivo en un acto de rebeldía no democrática sino de rebeldía inconstitucional”, subrayó.

UTILIZACIÓN  DEL ARTÍCULO 155

De la Serna también cuestionó que se argumente desde la oposición que el Gobierno utiliza el TC para no acudir al artículo 155 de la Constitución. En este sentido, indicó que “no se trata de que ninguna de las facultades que constitucionalmente  le corresponden al Gobierno o al Senado en el artículo 155 pasen al TC”, al tiempo que recordó que “el 155 queda absolutamente intacto y a disposición del Gobierno y del Parlamento”.

“De lo que se trata –dijo- es de que el TC va a contar con medidas cautelares suficientes para garantizar el cumplimiento de sus sentencias y de sus resoluciones y se trata, por tanto, de tapar una grieta que existía en el sistema jurídico máxime cuando hoy desde las instituciones del Estado, como la Generalitat, los secesionistas persiguen la liquidación del país”.

Sobre que la reforma altera la naturaleza del TC, afirmó que el TC “no es sólo el legislador negativo, como se ha dicho aquí, es mucho más”. “No solamente se ocupa de limpiar de leyes inconstitucionales el ordenamiento jurídico; no solamente se ocupa del recurso de inconstitucionalidad; también se ocupa  de los conflictos de competencias, de los recursos de amparo, de las cuestiones de constitucionalidad; es mucho más que el legislador negativo, es el Defensor de la Constitución y como tal debe concentrar todos los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las resoluciones constitucionales”, defendió.

“Lo que no puede ser es que un poder constituido como es la Generalitat pueda erigirse en sustituto del TC y escoger las sentencias y las resoluciones que debe cumplir y las que puede saltarse a la torera”, sentenció.

Por otra parte, afirmó también que “no es que la LORC no previera esta función del TC de ejecutar sus resoluciones, ya que la ley orgánica, en su artículo 92 actualmente vigente, contiene de manera indiciaria, a modo de principio, la posibilidad de que el TC pueda intervenir en la ejecución de sus sentencias”. “Por lo tanto –añadió– está indicado de manera indiciaria y lo que hacemos nosotros es articular y dotar de instrumentos mucho más garantistas para el propio TC para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones”.

Para Gómez de la Serna, “si la actual ley orgánica del Tribunal Constitucional hubiese contenido esta reforma, ni se habría llevado el incumplimiento charlotesco en forma de urnas de cartón el 9 de noviembre , ni el presidente Mas podría decir ahora con absoluta mala fe y con una ignorancia oceánica deliberada, que es además una tomadura de pelo, que el TC no le dijo cuál de sus resoluciones había que suspender, y no se habría producido porque ya el Tribunal Constitucional  habría suspendido al señor Mas, que no habría sacado las urnas a la calle”. 

“Hoy –dijo– no estaríamos soportando el bochorno, el espectáculo bananero de ver a un presidente de una CCAA y a su corte de los milagros envueltos, en pleno ataque de nervios, en la bandera de Cataluña”. “Es tan grosero, tan zafio, tan elemental, que produce una grima democrática indescriptible verles a ustedes montar  este numerito en torno a la bandera de todos los catalanes, y cada vez que hacen eso, aproximan Cataluña a una república bolivariana, y están poniendo en ridículo la realidad histórica, cultural y política de Cataluña y están  faltando al respeto a los catalanes”, añadió.

REFLEXIONES EN TORNO A ESPAÑA

Además, el portavoz constitucional del GPP invitó a los grupos a reflexionar sobre por qué un país democrático como España, miembro de la UE, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de todos los organismos intergubernamentales e internacionales democráticamente homologados en el mundo, tiene que cruzarse de brazos “mientras el representante del Estado en Cataluña se permite el lujo de desacatar las resoluciones del TC en una estrategia de liquidación de nuestro país”.

“O por qué España tiene que renunciar al elemento de fortalecimiento democrático de sus instituciones que tienen países tan democráticos como Alemania o Austria; por qué la sociedad española tiene que soportar que algún responsable político  se permita el lujo de no cumplir con las resoluciones y sentencias de los tribunales mientras todos los demás ciudadanos tienen que cumplirlas aunque no les parezcan justas, y por qué las CCAA que ustedes desprecian porque no son del 151 tendrían que cumplir las resoluciones del TC y ustedes no”, cuestionó. 

Por último, Gómez de la Serna advirtió que “el mundo civilizado, los europeos, los americanos, los canadienses, contemplan atónitos, estupefactos, la actitud de las autoridades de la Generalitat”. “Están convirtiendo políticamente a Cataluña en una anomalía, en una extravagancia, en una cosa rara”, aseguró y “por eso no les ha apoyado ninguno de los 193 estados de Naciones Unidas, por eso no han obtenido un solo reconocimiento internacional y por eso la comunidad internacional les ha vuelto la espalda”.