Matilde Asián: “La Administración Pública tiene que ser más eficiente, ágil y transparente”

La reforma de los procedimientos de las AAPP tiene dos ejes fundamentales: el relativo a la gestión electrónica y el de solidaridad interterritorial y respeto a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos

La entrada en vigor de las dos leyes procedimentales en un año, después de su publicación en el BOE, hace muy relevante la iniciativa presentada hoy por el GPP.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Matilde Asián, ha afirmado que “la Administración Pública tiene que ser  más eficiente, ágil y transparente, totalmente interconectada por medios electrónicos para evitar la duplicidad de actuaciones en los ámbitos de las administraciones, con menos cargas administrativas y más derechos de los ciudadanos”. 

“La Administración Pública constituye la columna vertebral del Estado; la agilidad o lentitud, la transparencia u opacidad en su actuaciones definirá si estamos ante un Estado abierto y moderno, integrado en la sociedad y plenamente democrático, o ante un Estado estancado que no avanza a ritmo de lo que lo hacen sus ciudadanos y no facilita el progreso económico y social”, ha indicado la portavoz popular.

Así, Matilde Asián ha dicho que “vivimos en un país muy descentralizado y esto exige colaboración, cooperación y asistencia mutua, y en estas leyes se refuerzan, a través de técnicas organizativas, precisamente la realización de estas funciones”.

Durante su intervención en la defensa de la Proposición no de Ley del GPP relativa al desarrollo de la reforma de las Administraciones, la portavoz popular ha recordado que “el PP inició una reforma de los procedimientos administrativos en una doble vertiente: por un lado, con la Ley 40 de 2015, arreglar las relaciones de las Administraciones entre sí, y con la Ley 39, regular las relaciones de la Administración con los administrados”.

En este sentido, la dirigente del PP ha explicado que “la parte más novedosa que introducen estas normas es la relativa a la gestión electrónica de los procedimientos”. Así, Asián ha dado algunos datos que se han producido desde la entrada en vigor de la Ley: “se han intercambiado más de 53 millones de registro a través de la plataforma de intermediación de datos destinado a más de 300 organismos distintos”.

También, ha añadido, “se han transmitido electrónicamente más de 49 millones de notificaciones judiciales; y a fecha de septiembre de 2015, se han recibido en 7.700 órganos administrativos, 5 millones de facturas por un importe superior a 24 mil millones de euros”.

“Evidentemente -ha señalado la dirigente del PP- es la parte más novedosa de la normativa que hoy trae a colación esta iniciativa popular con el destino de solicitar a todos los grupos parlamentarios el impulso de su aplicación, y que va a requerir de importantes inversiones por parte de la Administración y un esfuerzo inicial de los ciudadanos para adaptarse a la nueva gestión”. 

Así, la portavoz del PP ha aclarado que “la regla general es la libertad para comunicarse por vía electrónica con la Administración, con algunas excepciones, como son las personas jurídicas, colegios profesionales o funcionarios públicos en el ámbito de sus relaciones laborales”. “Este esfuerzo inicial que se va a realizar por parte de todos redundará en un beneficio claro”, ha añadido.

En este sentido, Asián ha aclarado que “la Ley dispone de una vigencia de un año con carácter general y dos y tres años para casos de determinados registros más complejos”. 

En su opinión, “la oportunidad de esta Proposición no de Ley es que todos los grupos parlamentarios podamos trabajar juntos en una finalidad común de garantizar la prestación de los servicios públicos”. 

“Ambas leyes se configuran como la regulación básica de las Administraciones, pero luego deben de ser completadas por la directiva de cada Comunidad Autónoma con las peculiaridades de su organización interna”, ha explicado la portavoz del PP.

Finalmente, ha destacado que “otro eje fundamental es la solidaridad interterritorial y el respeto a la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos, y por eso se definen en la Ley y se diferencia la cooperación voluntaria de la coordinación obligatoria”.