“La Ley de Enjuiciamiento Criminal es fundamental para la agilización de la Justicia y la garantía de los derechos fundamentales”

El diputado del Grupo Popular, Gonzalo Ordóñez, destaca que con la nueva norma también se busca unificar al máximo la aplicación del Código Penal en España

“Este Proyecto es absolutamente necesario e imprescindible porque recoge la doctrina y la jurisprudencia más avanzada que existe”

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Gonzalo Ordóñez, afirmó hoy que “el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal conseguirá agilizar los procesos judiciales y dotará de mayor garantía a las procesados e investigados en las causas”.

Además, añadió que el otro fin que persigue esta norma es continuar en la senda de la unificación de la aplicación del Código Penal en todo el territorio español, que ya abrió la reforma del Código Penal. “Con esta reforma se instaura la extensión del Recurso de Casación a todos los supuestos incluidos frente a las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”, explicó Ordóñez, quien aseguró que “esta posibilidad de recurso asegura la doctrina en relación a todos los tipos penales”.

De esta manera, señaló que se profundiza en el objetivo marcado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy de transformar la Justicia en España para hacerla “más moderna, más eficaz, más transparente, más ágil y más garantista”.

Durante el debate de esta iniciativa legislativa en la Comisión de Justicia del Congreso, el diputado popular remarcó que la modernización de la Justicia es fundamental para conseguir una mayor sencillez en el trato y en los procedimientos, más agilidad en los trámites, transparencia en el funcionamiento y certidumbre en cuanto a sus decisiones.

Por ello, Gonzalo Ordóñez subrayó que “la modificación que supone este Proyecto de Ley es absolutamente necesario e imprescindible en lo que es nuestro ordenamiento procesal, ya que la doctrina y la jurisprudencia más avanzada se incorporará al Código Penal”.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por otro lado, el diputado del PP aseguró que esta iniciativa legislativa ofrece nuevas herramientas más eficaces para luchar contra la corrupción. El Gobierno responde con una lucha sin cuartel contra la corrupción mediante los instrumentos proporcionados por el Derecho Penal para mejorar su prevención y persecución.

En este sentido, Ordóñez destacó las medidas que contiene este Proyecto de Ley para combatir la excesiva lentitud en los procesos relacionados con la corrupción que acaban suscitando la sensación de falsa impunidad. “Una Justicia lenta crea una sensación de abandono en el ciudadano incompatible con la Justicia moderna que los españoles se merecen”, afirmó.

Así, contó que “las causas sencillas tendrán que tramitarse en un plazo máximo de 6 meses y las más complejas en 18 meses, y aunque se supere el plazo no implica que el delito prescriba”. Además, añadió que “con esta reforma el juez no va a tener que instruir en una sola causa todos cuantos delitos afecten a una persona y tengan alguna similitud, acabando de esta manera con las macrocausas”.

También, resaltó que la norma establece una nueva regulación del decomiso que permitirá que los bienes obtenidos de forma ilícita sean recuperados por la sociedad con la ayuda de una Oficina creada a tal efecto”.

ENMIENDAS

Por último, de las enmiendas introducidas al Proyecto de Ley, el diputado del GPP puso en valor las encaminadas a mejorar y blindar las garantías de las personas en los procedimientos judiciales.

“La sociedad debe tener los mayores resortes procesales para su defensa y la seguridad de sus ciudadanos, pero ello no ha de impedir que quien esté sometido a un proceso tenga que ver conculcados sus derechos fundamentales”, aseveró.

Sobre este aspecto, destacó la transaccionada con CiU que pide “adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de las personas en el momento de practicarse la detención, así como en los traslados ulteriores”.

También, concluyó que “en el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad”.