Justicia: Qué estamos haciendo

Agenda abierta para la reforma de la Justicia que arranca con la propuesta de creación de una Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia

¿Qué estamos haciendo? Propuestas, medidas y resultados
¿Qué estamos haciendo? Propuestas, medidas y resultados

Esta estrategia identificará y definirá los objetivos de la reforma integral de la Justicia, tendrá en cuenta la opinión de todos los profesionales y colectivos implicados en la misma e incluirá un sistema de indicadores de análisis y seguimiento para monitorizar la ejecución y controlar su evolución y eficiencia.

Justicia amplía los servicios digitales a personas físicas y jurídicas desde este 1 de enero de 2017.

A partir del 1 de enero de 2017, las personas físicas podrán elegir la Sede Judicial Electrónica para comunicarse con la Administración de Justicia en aquellos procedimientos que no requieran abogado, procurador o graduado social, como la reclamación de deudas a través del proceso monitorio.

Hoja de Ruta del Gobierno para la XII Legislatura

Una justicia más ágil

Además de la reforma del proceso penal, otra de las actuaciones que aportarían agilidad al servicio público de Justicia sería la revisión del proceso civil, desde la  mejora en la ejecución de las sentencias, en el trámite de notificaciones, emplazamientos y suspensiones o facilitando el ejercicio de la acción colectiva que podría concentrarse en un único proceso para que varios perjudicados por un mismo hecho puedan ver resarcidos sus derechos.

La reducción de la litigiosidad es otro de los objetivos ineludibles, por lo que el Gobierno apuesta decididamente por la mediación y el arbitraje como mecanismos complementarios y alternativos a la acción de la Justicia, ya que aportan agilidad, especialización y flexibilidad a las partes para buscar soluciones. 

Una Justicia más dotada y mejor organizada

Durante los dos últimos años se han destinado 195 millones de euros a la modernización tecnológica de la Justicia y a la mejora de sus infraestructuras y equipamientos, de 2013 a 2015 se han convocado 150 plazas de jueces y 100 de fiscales, en los últimos cuatro años se han incorporado 521 nuevos jueces y se han atendido todas las solicitudes de refuerzos presentadas por los órganos judiciales cuando se trata de delitos relacionados con la corrupción.

El Gobierno se ha comprometido a impulsar la convocatoria de nuevas plazas judiciales a través de la oferta de empleo público y a crear nuevos órganos judiciales donde sea necesario. Desde la defensa de una Justicia cercana y de proximidad, apostamos por un modelo de gestión mejor organizado y por la implantación de una Oficina Judicial y Fiscal moderna, dotada y digitalizada.

Transformación Digital de la Justicia

La implantación de la  Justicia digital es ya imparable.

En la primera mitad de la legislatura todos los juzgados y fiscalías del territorio Ministerio serán digitales, incluidos los partidos judiciales pequeños, el Tribunal Supremo y la jurisdicción penal de la Audiencia Nacional. Asimismo, se ha asumido el reto de implicar en esta estrategia a las comunidades autónomas con competencias transferidas y el de promover la construcción de un sistema de gestión procesal común a toda la Administración de Justicia para lo que se precisa un gran acuerdo político entre las distintas administraciones. 

El impulso de la Justicia 24 horas a través de nuevos servicios supondrá que en enero de 2017 los ciudadanos puedan presentar sus escritos y recibir notificaciones online en la sede judicial del Ministerio y a lo largo del año se ponga en marcha el punto general de acceso para el ciudadano.

En relación al Registro Civil, se propone culminar en esta legislatura la reforma prevista en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Una Justicia que cree en sus profesionales

El Gobierno manifiesta su disposición a impulsar una batería de medidas destinadas a promover una carrera judicial y fiscal profesionalizada y especializada, dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo Estatuto que sustituya al de 1981, apoyar el trabajo de los letrados de la Administración de Justicia y del personal auxiliar, apoyar la ciencia legal que practica el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, fortalecer nuestro sistema de fe pública (notarios y registradores), mejorar las condiciones de trabajo de procuradores y graduados sociales, revisar el modelo de acceso actual a la abogacía y redoblar esfuerzos para garantizar una asistencia jurídica gratuita eficiente, real y cualificada.

Una Justicia pensada e impartida para las personas

En materia de protección de los colectivos más vulnerables, se propone ampliarla y cualificarla para perfeccionar el modelo de lucha contra la violencia de género y el de protección de los menores, que se completaría con una Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, lo que convertiría a España en referente mundial en la protección de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia.

El Gobierno se ha comprometido a revisar el sistema de tasas judiciales para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional y promover una Justicia más accesible y ajustada a la realidad social. Esta revisión apunta a la exención de otros colectivos potencialmente beneficiarios como pymes, entidades sin ánimo de lucro o comunidades de propietarios.

También se considera necesario aprobar un nuevo Código de Comercio que permita cambiar normas obsoletas, superar la dispersión normativa, mejorar la coordinación y consistencia entre normas civiles, mercantiles y de protección de los consumidores.

Una Justicia fuerte en su independencia e implacable contra la corrupción

Se proponen medidas como la revisión del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial mediante un nuevo modelo que goce del consenso entre los jueces, sus asociaciones y los grupos políticos. También apunta a la revisión del sistema de nombramientos de altos cargos judiciales para por un lado, suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan a magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y por otro, reducir al límite la discrecionalidad en el sistema de nombramientos.

Se propone regular las denominadas puertas giratorias entre la Justicia y la política a través de una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y revisar la acusación popular de manera "que sea lo que de verdad quiere la Constitución y no un instrumento al servicio de la política ni de espurios objetivos no judiciales".

En relación a la lucha contra la corrupción, se proponen como medidas prioritarias, limitar los aforamientos a los aproximadamente 2.000 cargos políticos que hoy tienen esa condición, articular por ley la prohibición de indultos a condenados por corrupción, regular la actividad de los grupos de presión o lobbies y mejorar el sistema de protección al denunciante de corrupción.

Nuevos proyectos legislativos:

  • Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: creación de la figura del fiscal investigador.

  • Nueva Ley Orgánica del Derecho a la Defensa.

  • Nueva Ley reguladora de la actividad de los lobbies, en coparticipación con Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

  • Nuevo Código de Comercio.

Reformas legislativas parciales:

  • Reforma de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil.

  • Reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

  • Reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (vigente hasta el 30 de Junio de 2017).

  • Reforma de la Ley de Tasas Judiciales, en el sentido expresado en la Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia del 18 de octubre de 2016.

  • Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: se reformará para regular las denominadas puertas giratorias entre la Justicia y la política.

  • Nueva Ley reguladora de la prohibición de indultos a condenados por corrupción.

  • Nueva Ley que mejore el sistema de protección al denunciante de corrupción.

Comentarios

Aviso de demoraLos comentarios enviados fuera del horario de moderación, serán aprobados al día siguiente.

Juan

Como dice Pablo en su comentario, sería muy importante volver a poner esos artículos en el Código Penal, pero también sería importante volver a incluir uno que estaba en el Código Penal antes de la reforma que sufrió y que es el relativo a la Sedición Impropia.
Responder

Inés

Termine como termine esto del intento de independencia en Cataluña, el Grupo Parlamentario Popular tendrá que plantear a las Cortes Españolas, las reformas legislativas necesarias para que situaciones como esta no se puedan volver a dar y puedan ser cortadas de raiz.
Responder

Pablo

Es necesaria la restitución inmediata de los siguientes artículos al Código Penal, derogados por el ex Presidente Zapatero el 22 de junio de 2005 en la LO 2/2005: “Artículo 506 bis. 1. La autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta. 2. La autoridad o funcionario público que, sin realizar la convocatoria o autorización a que se refiere el apartado anterior, facilite, promueva o asegure el proceso de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien carece manifiestamente de competencia o atribuciones para ello, una vez acordada la ilegalidad del proceso será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta. Artículo 521 bis. Los que, con ocasión de un proceso de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien carece manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, participen como interventores o faciliten, promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses. Artículo 576 bis. 1. La autoridad o funcionario público que allegara fondos o bienes de naturaleza pública, subvenciones o ayudas públicas de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos por resolución judicial por llevar a cabo conductas relacionadas con los delitos a que se refiere esta sección, así como a los partidos políticos, personas físicas o jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y, en particular, grupos parlamentarios o agrupaciones de electores que, de hecho, continúen o sucedan la actividad de estos partidos políticos disueltos o suspendidos será castigado con la pena de tres a cinco años de prisión. 2. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado anterior a la autoridad o funcionario público que continuase con las conductas previstas en este artículo una vez requerido judicial o administrativamente para que cese en las citadas conductas.” Con estos artículos en el Código Penal, habría una mejor herramienta jurídica contra lo que está pasando en la Comunidad Autónoma Catalanao pueda pasar en cualquier otra.
Responder

Carlos

¿Para cuando una modificación del Código Penal, para que aquellos condenados por malversación de fondos públicos, etc, es decir en vocablo popular "roba" de las arcas públicas, que "meten la mano en la caja", además de corresponderle la pena correspondiente, sea prioritario y obligatorio, la devolución de todo lo sustraido mas sus intereses, para poder salir de prisión, (tercer grado, fin de condena)?
Responder

Jennifer

#3 jennifer loman Sáez 49563036y. Cataluña no tiene control de mi expediente de todos mis movimientos y pendientes que hasta el dia de hoy me e arriesgado en todos los modos posibles de demostrar la incompetencia de Fiscalía y juez de puicgcerda Gerona. ( catalunya)
Responder

Partido Popular

#3 Estimado Antonio: ante todo, le agradecemos que participe con nosotros a través de PP.es, la página web del Partido Popular. En nuestro programa llevamos varias propuestas al respecto: Presentaremos un nuevo Código Procesal Penal que agilice los tiempos de la Justicia, refuerce las garantías procesales y que esté adaptado a las nuevas realidades sociales. Fortaleceremos la figura del Ministerio Fiscal, ampliando su papel en el proceso. Potenciaremos el desarrollo de fiscalías especializadas, principalmente en aquellos ámbitos que despiertan mayor preocupación social, como en los casos de la protección de personas con discapacidad o de propiedad intelectual. Potenciaremos el arbitraje y la mediación creando un marco que otorgue un papel protagonista a la ciudadanía, devolviéndola la capacidad de resolver sus conflictos bajo los principios de libertad y seguridad; ofreciendo así alternativas que incluyan la mediación en su doble vertiente de método complementario y alternativo; y fomentando el arbitraje para que con ello España pueda presentarse en el tráfico jurídico mercantil como un Estado competitivo en este ámbito. Impulsaremos una Justicia digital, abierta e innovadora, que cuente con los medios tecnológicos que son una realidad en nuestro día a día, para prestar un servicio de calidad a los ciudadanos y facilitar a los profesionales de la Justicia instrumentos que la doten de mayor agilidad. Si lo desea puede consultar nuestro programa completo en http://www.participarenserio.es/programa/ Por último, le recordamos que nos encontramos a su disposición ante cualquier duda o consulta. Un saludo, PP.es

Antonio

Intento acceder a las propuestas del PP sobre Justicia y prácticamente todo el contenido al que se accede es sobre justicia penal. No veo propuestas de agilización en justicia civil, cuya importancia económica es innegable, en cuanto a que su agilidad y seguridad son la mejor garantía para el crédito y el cumplimiento de los contratos ¿Hay propuestas sobre justicia civil?
Responder

Partido Popular

#1 Estimado Jos: ante todo, le agradecemos que participe con nosotros a través de PP.es, la página web del Partido Popular. Es muy importante para nosotros estar en contacto con la sociedad y agradecemos todas sus propuestas. Puede ponerse en contacto con nosotros y enviarnos su propuestas para el programa electoral sobre este tema al que se refiere en la siguiente dirección: http://www.pp.es/propuestas_elecciones_generales_2015 Nos interesa mucho su opinión y sus sugerencias para hacer un programa realistas y al servicio de las necesidades de los ciudadanos. Así mismo, Le recordamos que nos encontramos a su disposición ante cualquier duda o consulta. Un saludo, PP.es

jos

Cambio de la Ley, para que NINGÚN partido nacionalista (ERC, Convergencia, CUP, Juntos por el Si, PNV, Bildu, etc, etc)puedan presentarse a unas elecciones generales para ocupar un puesto en las Cortes Españolas.
Responder