El GPP propone que ningún cargo político pueda ser fiscal general en cuatro años tras dejar el cargo

Mediante una Proposición de Ley

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• También reclama que el informe de idoneidad elaborado por el CGPJ sobre el candidato a la Fiscalía General tenga que ser aprobado por una mayoría de dos tercios del pleno del Congreso

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición de Ley para modificar la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para que ningún cargo político o de confianza pueda ser Fiscal General del Estado en un plazo de cuatro años tras dejar el cargo.

Esto afectaría a cargos políticos o de confianza en virtud de Real Decreto, Decreto autonómico o acuerdo de Pleno de Entidad Local, o elegidos para cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, Juntas Generales de los Territorios Históricos o Corporaciones Locales, así como quienes hayan ocupado algún cargo orgánico en un partido político en el mismo plazo. 

También se propone que el informe de idoneidad elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre el candidato a la Fiscalía General deba ser aprobado por una mayoría de dos tercios de los miembros del pleno del Congreso de los Diputados, que en la actualidad no es necesaria.

Además el Grupo Popular propone que la duración del mandato del Fiscal General del Estado tenga una duración de cuatro años y antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar de su cargo a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta ley, en caso de enfermedad que lo inhabilite para el desempeño del cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.

De esta manera, el GPP pretende reforzar los valores constitucionales que sustentan a la Institución, reclamando su plena vigencia y efectividad, ya que en la sociedad española  existe una percepción de debilitamiento del principio de separación de poderes y se suceden quejas y reivindicaciones de la ciudadanía por lo que consideran ataques a la independencia judicial.