El GPP presenta la Ley para que los prófugos de la Justicia española no puedan presentarse a unas elecciones

Anunciada por Casado en la última Junta Directiva Nacional, evitaría que Puigdemont se presentara a los comicios catalanes

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Se modifica la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) para declarar inelegibles a quienes se sustraigan de la acción de la Justicia española

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición de Ley Orgánica en el Congreso para que los declarados rebeldes por haberse sustraído de la acción de la Justicia española sean declarados inelegibles y no puedan concurrir a unas elecciones.

Esta iniciativa fue anunciada en la última Junta Directiva Nacional por el presidente del PP, Pablo Casado, que explicó que se trata de una modificación de la Ley Electoral para que los prófugos de la Justicia no puedan ser elegibles, y evitar así que Puigdemont se presente a las elecciones catalanas.

Concretamente, la Proposición de Ley, firmada por la portavoz del GPP, Cayetana Álvarez de Toledo, plantea la modificación de la LOREG mediante un nuevo apartado añadido al artículo 6.2 sobre inelegibilidad. Así, incluye a quienes sean  declarados rebeldes en los términos previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal mientras permanezcan en tal condición. La reforma contiene además una Disposición Transitoria para declarar inelegibles también a quienes ya estén declarados en situación de rebeldía a la entrada en vigor de la modificación legal.

Según consta en la exposición de motivos de la iniciativa, este cambio tiene su origen en que una serie de personas presuntamente implicadas en la comisión de delitos contra la Administración Pública y el propio ordenamiento constitucional, y que se han sustraído a la acción de la Justicia española, pretenden representar al tiempo al pueblo español en diversas instituciones, lo que supone una contradicción con la letra y espíritu de la Carta Magna.

El GPP considera que “no puede aspirar a la función representativa, en el seno de un poder del pueblo español a través de la Constitución, quien se sustrae al Estado de Derecho que la misma configura, pretendiendo impedir el sometimiento de los poderes públicos a la Carta Magna y al resto del ordenamiento”.