Gamarra anuncia una iniciativa en el Congreso para que los pactos del Gobierno excluyan a los partidos que no condenan el terrorismo de ETA o lo legitiman

Tras una reunión con alcaldes y concejales del PP en Cantabria

Cuca Gamarra
Cuca Gamarra

La portavoz del GPP en la Cámara Baja concreta que la Proposición no de Ley que registrará mañana el PP consiste en reclamar un compromiso claro de los partidos constitucionalistas contra los acuerdos que convierten a Bildu en “interlocutor privilegiado”

  • Avanza que dicha iniciativa también plantea la creación de un órgano específico en la Fiscalía General del Estado para investigar los 379 crímenes de ETA que todavía están sin resolver, porque las víctimas del terrorismo son la memoria democrática de nuestro país
 
  • Además la propuesta reclama que no se transfieran competencias penitenciarias a las administraciones autonómicas y que no se modifique la política penitenciara para el acercamiento de presos etarras, además de proponer medidas legislativas de protección a las víctimas del terrorismo y que el Congreso refuerce los principios de memoria, dignidad y justicia
 
  • Acusa al PSOE de renunciar a su historia al traspasar “las líneas de la ética y la moral” por sentarse a negociar con Bildu, como hizo Carmen Calvo, y tras los aplausos que “lo que queda” del PSOE dedicó al portavoz de Bildu esta semana en el Congreso: “Es un blanqueamiento de lo que representa Bildu, que no ha condenado los asesinatos de ETA”
 
  • Insta a la ministra Montero a que abandone “la soberbia y el ordeno y mando” y a que empiece a escuchar y a consensuar con los ayuntamientos, tras el varapalo que supuso la derrota en el Congreso del Decreto confiscatorio de los ahorros municipales: “No necesitan tutela porque ya son mayores de edad y son Estado”
 
  • Reclama al Gobierno que destine 20.000 millones de los fondos europeos a la gestión directa por parte de los ayuntamientos y diputaciones, un fondo extraordinario de 5.000 millones para los consistorios, “con independencia de su situación económica para evitar ciudadanos de primera y de segunda”, y otro fondo de 1.000 millones para rescatar el transporte público y garantizar la movilidad
 
  • Pone en valor “el discurso de la convivencia” que pronunció el Rey el 3 de octubre de 2017 y que sirvió para mostrar el camino de un gran país y evidenciar la fortaleza de las instituciones
 
  • Reivindica la gestión de Isabel Ayuso en la Comunidad de Madrid, que está defendiendo los intereses de los madrileños, y acusa al Gobierno de “abandonar la línea epidemiológica para pasar a una estrategia política”