A juicio de Gallardón, lo más asombroso ha sido el empeño del Ejecutivo en presentar a los ayuntamientos como responsables de la situación financiera por la que atraviesa España, aunque la realidad sea distinta. 

En este sentido, el alcalde de Madrid ha detallado que sólo 4 de cada 100 euros del déficit generado en España en 2009 son imputables a los ayuntamientos, mientras que en el caso de las Comunidades Autónomas un 17% y del Estado un 79%.

En el capítulo de la deuda, Alberto Ruiz- Gallardón ha explicado que de cada 100 euros, los ayuntamientos asumen 6, las Comunidades 17 y 77 corresponden al Estado, lo que en su opinión "pone de manifiesto la "falacia" de los argumentos del Gobierno, porque ejercer un control titánico sobre sólo un 4% o un 6% del volumen total no tiene lógica cuando la parte restante se somete a condiciones mucho más flexibles".

Ruiz- Gallardón ha agradecido el trabajo de sus compañeros en el Grupo Parlamentario Popular, que han presentado un total de 25 enmiendas relacionadas con la mejora de la financiación local, al tiempo que ha lamentado que la respuesta de los grupos parlamentarios haya sido la del veto en tres ocasiones o la oposición del Grupo Socialista a todas ellas, "negando así a todos los ayuntamientos de España los medios requeridos para atender a sus ciudadanos".

Rechazo a la refinanciación
Por otro lado, el alcalde de Madrid ha denunciado el rechazo del Ejecutivo a la refinanciación de las corporaciones locales, que únicamente solicitaban la autorización para poder refinanciar el 80% de sus vencimientos, algo que -ha matizado- no genera déficit, no incrementa la deuda y es respetuoso con los objetivos del Plan de Estabilidad, mientras que para el Gobierno la deuda del Estado -que representa el 77% del total- no sólo no genera ningún riesgo, sino que además puede incrementarse.

En este sentido, Ruiz- Gallardón ha alertado que si el Gobierno aplicase al Estado "la medicina que tan diligentemente se nos dispensa a los ayuntamientos" el resultado sería que el 7 de enero se declararía suspensión de pagos, porque sus recursos no le alcanzarían más que para atender a las amortizaciones y pagar los intereses a partir de esa fecha.