1. El orden y la seguridad pública,
2. La defensa nacional
3. La dignidad de la persona
4. El principio de no discriminación
5. La protección de la salud pública, de la juventud o de la infancia.

Esta nueva disposición intenta recortar la libertad de publicación en Internet, reinventar la censura y el secuestro de publicaciones y además corta en grandísima manera la capacidad de circulación. Se trata tan solo de un ejemplo de lo poco que Zapatero y su Gobierno creen en los derechos civiles y en los derechos fundamentales.

Así, tanto el ministro de Industria, Miguel Sebastián, como la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, han mentido deliberadamente diciendo que en ningún caso se iba a cortar Internet y menos sin autorización judicial, cuando la realidad es bien distinta.

Se está poniendo en marcha una Comisión de la Propiedad Intelectual dentro del Ministerio de Cultura y cuya composición se establecerá reglamentariamente, que tiene como única función la potestad de restringir el acceso a Internet cuando consideren que se ha vulnerado la salvaguarda de la propiedad intelectual.

Esta es la primera vez en la democracia española que una ministra de Cultura se permite, a través de una modificación legislativa, ponerse en el lugar de los jueces y obviar así todas las garantías de nuestro sistema de derecho.

El Gobierno ha reinventado la censura, y lo que es peor, ha creado una policía del pensamiento, de la imagen y de la música correcta. El hecho de cerrar páginas web por decisión de esta policía cultural equivale a quemar libros para evitar la circulación del pensamiento. Con esta censura se limitan mucho las posibilidades (por ejemplo) de los creadores más jóvenes que saben cómo difundir su obra en Internet sin tener que contar con las grandes discográficas.

La posición del PP es que hay que defender los derechos de autor y el derecho de propiedad intelectual, pero que éstos no pueden defenderse a costa del derecho a la intimidad, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de información, del derecho a la igualdad en el acceso al conocimiento, del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la presunción de inocencia.

Por estas razones, exigimos a la ministra de Cultura que retire la disposición del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible porque la Economía Sostenible no puede basarse en el cierre gubernativo de Internet. Si se van a limitar derechos fundamentales como el de la intimidad o el secreto de las comunicaciones, pedimos que se regule por Ley Orgánica.