El 13 de mayo de 2015 se debatieron en el pleno del Congreso de los Diputados los proyectos de ley del Tercer Sector y del Voluntariado, con los que el Gobierno da un paso decisivo en la modernización de las entidades sociales y del voluntariado que trabajan en favor de los colectivos más vulnerables y un paso adelante en la aplicación de su Agenda Social. Se trata de dos normas que adecuan la acción social española a la realidad del siglo XXI. Las entidades y los voluntarios, gracias a ambas leyes, contarán con mayor protección jurídica, cobertura legal, reconocimiento ciudadano y capacidad de interlocución con las administraciones públicas.
Durante el debate parlamentario, el ministro destacó que con ambas iniciativas se consolida el trabajo de diálogo e interlocución con el tejido asociativo, ya que, entre otras medidas, se garantiza “la participación real y efectiva de las entidades sociales conforme al principio de diálogo civil en la elaboración, desarrollo, aplicación, seguimiento y revisión” de las políticas sociales.
La nueva legislación afecta a los seis millones de voluntarios y a las 30.000 entidades que en nuestro país canalizan la solidaridad ciudadana. Para la portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Servicios Sociales, Macarena Montesinos, gracias a estas leyes “se refuerza el papel de las organizaciones sociales en el diseño y ejecución de las políticas públicas en el campo de los servicios sociales”, algo que según Montesinos ha estado siempre en mente del Gobierno de Rajoy, que demostró una apuesta decidida por el Tercer Sector y el Voluntariado poniendo a disposición de las Comunidades Autónomas mecanismos de liquidez para hacer frente a las deudas contraídas con el sector, y que este pudiese seguir desarrollando su labor”.
Con estas nuevas normas además, salen reforzados los derechos y deberes de los voluntarios y de las entidades en las que participan, ya que se define su concepto, su radio de actuación, la conexión con las administraciones y se abre una nueva opción para que empresas y universidades promuevan iniciativas de voluntariado.
Gracias a estos proyectos de ley, el Gobierno avanza en la puesta en marcha de su Agenda Social, destinada a trasladar los síntomas de la recuperación económica a los ciudadanos, en especial a aquellos a los que la crisis ha golpeado con mayor dureza.
La Ley de Voluntariado atiende a nuevas realidades
España es el sexto país de la Unión Europea en participación en actuaciones de voluntariado y la implicación social ha crecido entre 2011 y 2013 a más velocidad que la media europea. Este compromiso y entrega de la sociedad española se refleja en los datos: seis millones de españoles y españolas son voluntarios, un 15 por 100 de la población. El contexto en los últimos años ha cambiado de modo relevante y, por dicha razón, la Ley vigente, que data de 1996, ya no daba respuestas a la nueva realidad del voluntariado.
Se trata de una Ley que se estructura sobre cinco objetivos: la regulación diferenciada, los nuevos mecanismos de cooperación de las Administraciones con las entidades locales, la apertura del voluntariado a otros ámbitos y la incorporación de nuevos actores, como las universidades y las empresas. Fija el régimen jurídico de las personas voluntarias y sus relaciones con las entidades de voluntariado, establece el marco jurídico de la Administración, contempla otros ámbitos de voluntariado y tiene en cuenta no sólo la actividad en suelo nacional, sino que abarca también actuaciones a escala internacional.
Con la Ley del Voluntariado se busca regularizar y sistematizar las acciones esporádicas y ejecutadas por razones familiares o de amistad prestadas al margen de actuaciones. También quedan fuera las becas, las prácticas no laborales en empresas o las prácticas académicas externas. Se enumeran los derechos y deberes de los voluntarios y de las personas destinatarias y se regula quién o quiénes no pueden desempeñar dicha actividad. Juan Carlos Grau, ponente del proyecto de ley desatacó que es la primera vez que se establecen una serie de restricciones en este campo, como por ejemplo que los condenados por delitos contra menores no podrán participar en proyectos que conlleven contacto con ellos y los condenados por violencia de género no podrán formar parte de programas que supongan contacto con familias, mujeres o jóvenes. Por otro lado, el diputado popular señaló que la futura norma contempla la ampliación del concepto de voluntario, en este sentido los menores de dieciséis años podrán en iniciativas de voluntariado si cuentan con la autorización de sus padres o tutores legales, y siempre y cuando lo que lleven a cabo no perjudique su formación integral o su desarrollo.
Las empresas y las universidades irrumpen en esta Ley como nuevos actores del voluntariado
Las empresas podrán participar en actuaciones en el campo del voluntariado, siempre que se adapten al interés general que define la norma, y a sus proyectos se sumarán los propios trabajadores si así lo desean, aunque en ningún caso sin que ello signifique el cese del contrato. Las Universidades podrán apostar por acciones dirigidas a la población universitaria si se desenvuelven en los ámbitos de la sensibilización, formación o investigación. Los estudiantes podrán sumarse libremente a estas iniciativas, pero estas nunca podrán sustituir servicios a los que está obligada la administración universitaria. Además, como señaló Grau la Ley de Voluntariado incluye un avance importante en este sentido los centros podrán establecer fórmulas de reconocimiento académico de dichas acciones de voluntariado.
Más información (Ley del Voluntariado).
La Ley del Tercer Sector de Acción Social
La solidaridad, el compromiso con la igualdad y con la justicia social, y la participación ciudadana tienen en España un reflejo claro en el llamado Tercer Sector de Acción Social. En nuestro país hay alrededor de 30.000 entidades sociales y su actividad representa casi un 2 por 100 del PIB. Generan, además, casi 636.000 puestos de trabajo, lo que supone un 3,5 por 100 del empleo español.
Es una vía de acción ciudadana alternativa, y a veces complementaria, a la que establecen las Administraciones, que ayuda a los grupos sociales excluidos o en riesgo de exclusión. Su labor enriquece la ejecución de las políticas contra la pobreza e impulsa la inclusión y la integración, y son un actor principal en la concienciación y sensibilización ciudadana.
La inadecuada regulación que las amparaba hacía necesario un nuevo marco. De esta manera, el proyecto de ley fortalece la capacidad del Tercer Sector de Acción Social como interlocutor ante las administraciones públicas, lo dota de un marco normativo pegado a la realidad actual y garantiza su participación en la elaboración y seguimiento de las políticas públicas orientadas a apoyar a los colectivos que lo requieran.
Además, Ana Belén Vázquez apuntó que esta ley recoge medidas para el fomento de la sostenibilidad y promoción de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, empezando por el ámbito fiscal. Mientras estas organizaciones se venían rigiendo por el régimen fiscal general o especial (en función de sus características), ahora podrán acogerse al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y beneficiarse de los incentivos fiscales al mecenazgo, ya que se reconoce su actividad como de interés general.
Más información (Ley del Tercer Sector).
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