El Congreso garantiza el derecho de participación política de las personas con discapacidad

Desde esta plataforma se editó un folleto que se ha hecho llegar a todos los grupos de la Cámara con el lema "Tienes derecho a votar, que nadie te lo quite". Con él se pretende ayudar a aquellas personas que han sido privadas de ese derecho por el hecho de haber tenido una sentencia de incapacitación, que venía acompañada de una declaración de la privación del derecho a sufragio.

Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales

Debemos partir de la base de que la Constitución española, en su artículo 10.2, establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Carta Magna reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales, sobre las mismas materias ratificadas en los convenios firmados por España.

Y debemos recordar que, el 3 de mayo de 2008, entraron en vigor en España la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. En el artículo 12 de esta convención se reconoce expresamente el derecho al "igual reconocimiento como persona ante la ley".

En su defensa el Diputado del GPP, Francisco Vañó quiso dejar constancia que todos los grupos de la Cámara son conscientes de que, aunque con los mismos derechos, las personas con discapacidad tienen, respecto al resto de los ciudadanos, una mayor dificultad para acceder a una "normalización absoluta, la inclusión social y conseguir ser ciudadanos de primera categoría, como el resto de las personas".

Asimismo, Vañó hizo alusión a la Ley 26/2011 de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un texto legislativo que supuso un gran avance, pero que dejó pendientes algunas modificaciones legislativas que el ordenamiento jurídico español todavía requiere. El portavoz de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad anunció que "nos consta que el Ministerio de Justicia ha constituido un grupo de trabajo interdisciplinar, en el cual participa también el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para afrontar y finalizar dicha tarea de adecuar la adaptación legislativa a la Convención".

Por todo ello, con esta PNL aprobada por unanimidad, se insta al Gobierno a que elabore un informe con las propuestas de adecuación normativa de la legislación española a las previsiones contenidas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, entre las que figurarán las que afecten al derecho electoral vigente. Y es que si en algo están de acuerdo los grupos políticos que forman la Cámara es que las instituciones públicas y todos ellos, tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución y garantizar el derecho de todas las personas a participar en la vida política.