1. Reforma integral del sistema de penas del Código Penal, reduciendo su número y clarificando su tipología, de modo que armonicen adecuadamente las finalidades retributivas, de prevención general y rehabilitadora, garantizando su cumplimiento real, de forma que se realice la Justicia y se consiga una efectiva disuasión.

2. Para los delitos más graves -terrorismo, asesinato y agresiones sexuales- el establecimiento de penas privativas de libertad ejemplares, garantizando su cumplimiento íntegro.

3. Adecuada contemplación de la multireincidencia y la reiteración como agravantes en el Código Penal e incorporación como tipos penales específicos de las nuevas formas de delincuencia organizada contra la propiedad.

4. Incorporación clara de medidas de seguridad para los delincuentes en los que se diagnostiquen patologías sexuales, y para aquellos en los que no se haya verificado el arrepentimiento y la reinserción.

5. Garantías del resarcimiento y reparación de las víctimas, agilizando los procedimientos de exigencias de responsabilidades civiles.

6. Nueva redacción que clarifique y posibilite la expulsión como sustitución de las penas privativas de libertad para extranjeros.

7. Reforma de la Ley General Penitenciaria y su reglamento para garantizar los tres ámbitos de finalidad de la pena y el cumplimiento efectivo de las privativas de libertad.

8. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal con la finalidad de agilizar la instrucción, limitar el secreto de los sumarios, clarificar, garantizar la situación procesal de los justiciables, e introducir con carácter generalizado la celebración de juicios rápidos.

9. Reestructuración de la policía judicial, de manera que sus mandos y dependencia estén bajo control judicial.

10. Reestructuración de las diligencias preinstructoras del Ministerio Fiscal, y limitándolas al plazo de un mes prorrogable por otro improrrogable, en todo tipo de delitos.

(Texto íntegro en el archivo adjunto)