Las CCAA también han sido víctimas de los engaños de Rodríguez Zapatero como consecuencia de la negación de la crisis, y de unos presupuestos de ingresos falsos, que les obliga a devolver más de 25.000 millones de euros de las liquidaciones presupuestarias de 2008 y 2009.

Rodríguez Zapatero está poniendo en riesgo, a través de las Comunidades Autónomas, los servicios públicos esenciales como sanidad y educación.

Las CCAA del PP exigen el aplazamiento para el reintegro de las liquidaciones negativas un período de diez años, que les permita mantener la calidad de los servicios públicos básicos que prestan a los ciudadanos. El problema del enorme déficit del sector público español, no se resuelve recortando la financiación de los servicios públicos esenciales, ni congelando las pensiones ni subiendo los impuestos.

El Gobierno tiene que contribuir a crear una imagen favorable de la economía española en el exterior. Para ello, es imprescindible una reducción real y ambiciosa del déficit público en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, que permita volver a colocar la deuda publica española en la senda de la credibilidad y haga factible la financiación en los mercados de las propias Comunidades. En este sentido, recuerdan que ellas mismas que ya están haciendo un esfuerzo claro de reducción de gasto en sus territorios.

Las CCAA del PP instan al Gobierno a mantener el esfuerzo inversor en el conjunto de las administraciones públicas, tan necesario para recuperar la competitividad y el empleo.

El modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno socialista ha demostrado ser un mal sistema porque es insuficiente desde el punto de vista económico. Además, el Ejecutivo ha incumplido el compromiso de realizar la aportación del Fondo de Cooperación castigando así, a las CCAA que tienen menos recursos. Las CCAA recurrirán los PGE 2011 si el Gobierno socialista sigue incumpliendo el modelo de financiación.

Los presidentes del las CCAA del PP lamentan que Rodríguez Zapatero intente trasladar al conjunto de las Administraciones Públicas, y sobre todo a las CCAA, los errores de su política económica.

Las CCAA gobernadas por el PP abogan por una profunda reforma institucional y económica del sector público, que delimite con claridad las competencias de cada Administración, evite duplicidades y competencias concurrentes y dote a cada Administración de la capacidad financiera y autonomía normativa necesarias para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales.