Los cambios en la ley contemplan el daño económico y medioambiental socialista en Castor

Guillermo Mariscal recalca que fueron un ministro y un Gobierno del PSOE quienes aprobaron la construcción del almacén subterráneo de gas con “una ley dañina”

Recuerda que el Decreto aprobado por el PP en 2014 recoge la no extinción de las responsabilidades de la empresa concesionaria de Castor en 10 años.

El portavoz de Energía del GPP, Guillermo Mariscal, afirmó hoy que los cambios en la legislación introducidos por el Gobierno del PP, a raíz de la aprobación de un Decreto en 2014, contemplan ya la restauración del “daño económico y medioambiental” causado por el PSOE en relación con el almacén subterráneo de gas natural Castor. 

En la reunión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo con motivo del debate de una iniciativa sobre indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de explotación de Castor, el dirigente popular señaló que la iniciativa sometida este martes a debate de la Comisión “es insuficiente”, puesto que la actual legislación ya contempla recuperar la indemnización si se demuestran irregularidades por parte de la empresa concesionaria.

Mariscal criticó la actitud del PSOE y el respaldo socialista a esta iniciativa puesto que, según recordó, fue un ministro de este partido y un Gobierno de las mismas siglas quienes firmaron y aprobaron la construcción de dicho almacén, elaborando “un contrato dañino” que incluía la opción de que la empresa concesionaria recuperase el valor residual de la inversión, incluso abandonando el proyecto, tal y como preveía el artículo 14 de ese Real Decreto socialista. Dicho Real Decreto, prosiguió Mariscal, “nos obligaba a pagar a todos”, pero el Gobierno de Mariano Rajoy minimizó el coste financiero de 1.350 millones como compensación del valor residual, y amplió el plazo de amortización -que pasa de 20 a 30 años-, a fin de reducir la cifra final. 

Según explicó Mariscal, los cambios legislativos introducidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy contemplan otra novedad sustancial: la exigencia de la declaración de impacto ambiental sísmico para este tipo de proyectos, pues “cuando se previó la inyección de gas en esta plataforma, la legislación medioambiental no contemplaba dicho requisito”. 

El portavoz de Energía del GPP recordó que el decreto aprobado por su Gobierno en 2014 recoge la no extinción de las responsabilidades de la empresa en la próxima década, a la vez que establecía “la hibernación”, que concluyó en el mes de marzo, garantizando la seguridad tanto de las personas como del medioambiente con el cuádruple sellado a los pozos. 

El dirigente popular recordó que a toda esta legislación hay que añadir la petición de informes al MIT y a la empresa concesionaria sobre lo sucedido, a la vez que llamó a la oposición “a mirar hacia adelante”, e invocó la necesidad y la conveniencia de que “los gobiernos garanticen certidumbre y credibilidad en su actividad política”.

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