En su intervención en el acto de apertura de la XVII Unión Intermunicipal Popular que se celebra en Zaragoza, Barberá ha afirmado que "estamos al límite, hemos llegado al hartazgo ante tanta palabrería, ante el desprecio, ante la mentira y ante la descalificación infundada, sectaria e interesada hacia los ayuntamientos y, especialmente, hacia los ayuntamientos del PP".

En este sentido ha defendido que, al contario, los entes locales están resolviendo un gran porcentaje de las políticas sociales y asistenciales "mientras Zapatero, de forma irresponsable, sigue dando subvenciones con criterios ideológicos para mantenerse en el poder. Lo único que le preocupa es ocupar la presidencia aunque le gobiernen otros".

Decisiones arbitrarias y equivocadas 
Barberá ha subrayado que los presupuestos municipales sufren las consecuencias directas de las decisiones económicas tomadas por el Gobierno, a las que ha calificado de "discriminatorias, sectarias, arbitrarias y equivocadas que han pisoteado la capacidad de gestión de los ayuntamientos y que han alterado las reglas del juego sumiéndonos en la inseguridad jurídica".

La alcaldesa de Valencia ha acusado a Zapatero de jugar continuamente con los ayuntamientos. "Nos ha mentido, nos ha despreciado, nos ha utilizado cuando le conveníamos pensando que con los Planes E iba a tapar sus vergüenzas del creciente paro. Y el paro ahí está, creciendo", ha denunciado.

Zapatero es un lastre 
Barberá ha asegurado que "Zapatero ya ni gobierna, es un lastre para sus compañeros" y ha puesto como ejemplo lo ocurrido recientemente en Valencia, cuando los dirigentes socialistas valencianos no quisieron que Zapatero presentara a los candidatos del PSOE a la Generalitat valenciana y a los ayuntamientos y tuvo que hacerlo Rubalcaba.

La dirigente del PP ha pedido que se recurran ante el Tribunal Constitucional los Presupuestos Generales del Estado porque "con la limitación arbitraria de la posibilidad de endeudamiento están vulnerando el principio de seguridad jurídica, están incurriendo en arbitrariedad e ignoran la exigencia de la autonomía financiera, que es la consecuencia directa del principio de autonomía local".

Por último, Barberá ha exigido un nuevo modelo de financiación local y que se respete el mandato constitucional para que las Comunidades Autónomas cumplan la Constitución y regulen la participación de los entes locales en los tributos autonómicos.