Arenales Serrano: “Esta Directiva aumentará la protección y transparencia para el consumidor”

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha pedido hoy al Gobierno, a través de una moción que ha sido aprobada en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, no ceñirse solo a trasponer la Directiva 2014/17/UE, sino a dar respuesta a los problemas que han surgido en relación con los préstamos hipotecarios, y que la norma española sea especialmente protectora hacia el consumidor. 

La portavoz de Economía del GPP en el Senado y senadora por Valladolid, Arenales Serrano, ha sido la encargada de defender la postura de los populares en esta iniciativa, en la que subraya que “esta Directiva aumentará la protección y transparencia para el consumidor”. 

Durante su intervención ha recordado que el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad “se comprometió a tramitar” la ley de crédito inmobiliario, trasponiendo a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2014/17/UE, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. 

Arenales Serrano ha explicado que en ella se establece el marco sobre la compensación que puede cobrar una entidad de crédito para realizar amortizaciones anticipadas de los préstamos hipotecarios, el derecho a convertir a moneda nacional los préstamos en moneda extranjera, la prohibición de realizar ventas vinculadas o los límites a la retribución de los prestamistas e intermediarios. 

En este sentido, la portavoz popular ha recordado que “debido a los problemas para formar Gobierno” no se puso en marcha la Directiva 2014/17/UE. A continuación, ha subrayado que dicha medida modifica las Directivas 2008/48/CE y el Reglamento UE nº 1093/2010 y establece un marco común en relación con ciertos aspectos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros aplicables a los contratos de créditos al consumo que estén garantizados mediante hipoteca u otro tipo de garantía en relación con bienes inmuebles de uso residencial. 

Arenales Serrano ha incidido en que “se va a ir más allá de los cambios que la Directiva promueve y que el Ministro ya ha confirmado que se está preparando”. 

“El objetivo es garantizar que los consumidores disfruten de un alto grado de seguridad, al tiempo que exige una flexibilidad sensata antes de proceder a los embargos”, ha señalado la portavoz popular. “Además –ha continuado la senadora-, también se impide la venta cruzada, por ejemplo, que las entidades condicionen la concesión de una hipoteca a la adquisición de productos paralelos como seguros, planes de pensiones, etcétera…”. 

“En definitiva, se evitará la opacidad de las cláusulas, para ganar confianza y seguridad en la decisión más importante que tomamos los españoles, como es la compra de nuestra casa”, ha declarado. 

BATERÍA DE MEDIDAS DEL PP

En este punto de la Comisión, Arenales Serrano ha recordado que desde el PP “hemos establecido un código de buenas prácticas en el año 2012, y en enero aprobamos el Real Decreto-Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”. 

Por otro lado, la Ley de 2013 ya determinó la suspensión inmediata por un plazo de dos años de los desahucios a las familias que se encontraban en especial riesgo de exclusión.  “Suspensión que fue ampliada en el año 2015, en la Ley 25, y el Ministro de Economía señaló que el Gobierno está dispuesto a prorrogar la suspensión de los lanzamientos por desahucios, como ya hiciera en 2015”, ha dicho la senadora del PP. Además, ha habido otras iniciativas como la creación del Fondo social de viviendas, el código de buenas prácticas y las subvenciones al alquiler social incluidas en el Plan de vivienda. 

Por último, la senadora por Valladolid ha indicado que el Gobierno del PP “busca proteger al cliente y evitar volver a repetir la dolorosa experiencia sufrida en España por cientos de miles de consumidores”.