Aguirre: “Se va a proteger a los funcionarios, docentes o sanitarios ante los actos de atentado durante su ejercicio”

“Los atentados serán castigados con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses, si el atentado fuera contra la autoridad y de prisión de seis meses a tres años, en los demás casos “

“Ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero”

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Jesús Aguirre, ha anunciado una enmienda al Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, en la que se considerarán actos de atentado los cometidos contra los sanitarios, profesores o funcionarios “cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos”.

Según el senador del PP, las conductas violentas no deben permitirse nunca, ya que rompen el vínculo de confianza que debe existir entre los profesionales con los pacientes, para la consecución de los objetivos de la relación clínica en la que queden garantizados los derechos de profesional y paciente.

El primer punto de la enmienda 238 señala que “son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o lo que acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión del ellas”.

La enmienda es una respuesta a la delicada situación que sufren estos profesionales, ha afirmado Jesús Aguirre, tras lo cual explica que, en el período entre 2008 y 2012, más de 30.000 profesionales sufrieron agresiones en España. Estas agresiones se produjeron tanto en centros de Atención Primaria, con un 51% de los casos, como en hospitales, y el 72% de las víctimas fueron mujeres. En el 80% de los casos, se trató de agresiones verbales, y en uno de cada cinco casos, se produjo agresión física. 

“Dichas agresiones físicas o verbales- señala Aguirre- no se pueden seguir permitiendo y son un actualmente un motivo de preocupación”.

En este sentido, la enmienda del PL de reforma del Código Penal, que tendrá que ser debatida y votada en el próximo Pleno del 10 de marzo, señala en su segundo punto que “los atentados serán castigados con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses, si el atentado fuera contra una actividad, y de prisión de seis meses a tres años, en los demás casos”.

En el tercer punto, la enmienda señala que “si la autoridad contra la que atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses”.

Igualmente, Jesús Aguirre ha recordado que ya en el 2012 la Cámara Alta aprobó una moción en la instaba al Gobierno a elaborar un estudio de ámbito nacional sobre la problemática de las Agresiones a los profesionales en los centro del Sistema Nacional de Salud. Este estudio fue presentado en el Consejo Interterritorial en junio de 2014.

Por último, el senador del PP ha explicado que “abordar un problema como son los actos violentos que sufren los trabajadores de la Salud en el desempeño de sus funciones desde los simples malos modos, hasta la pura agresión física, es además de una necesidad, una obligación que compete a toda la sociedad y, en especial, a todos los que legislamos y a su vez conformamos el sistema sanitario, todo ello hace necesario un tratamiento multidimensional del problema, que debe partir del principio de: “Ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero”.