Permitir la colaboración público privada en los servicios estatales y autonómicos de empleo en tareas como la recolocación, la búsqueda de empleo y la formación.

Promover, en el marco del Diálogo Social, una reforma laboral similar a la acordada en 1997 que tenga como objetivo prioritario la creación de empleo y en especial, el fomento de la contratación indefinida bonificando las cotizaciones de los nuevos contratos.

Modificar el Programa de Fomento del Empleo para incentivar la recolocación de los trabajadores afectados por la crisis.

Fomentar el empleo autónomo para jóvenes menores de treinta años.

Proceder a la reforma en materia de Empresas de Trabajo Temporal tendente a reforzar el papel que sin duda tienen estas empresas.

Considerar como no consumida la percepción de la prestación por desempleo para aquellos desempleados afectados por suspensiones totales o parciales de los contratos (EREs temporales).