Formalización de un pacto para la simplificación normativa que evite la profusión de normas de distinto ámbito que generan confusión e inseguridad jurídica en los ciudadanos.

Aprobación de una nueva Ley de calidad de los servicios públicos:

Creación de un catálogo de servicios públicos esenciales. 

Establecimiento de los niveles de calidad de los servicios y las garantías de su cumplimiento. 

Fijación de las circunstancias en las que los ciudadanos tienen derecho a reclamar a las Administraciones Públicas por la incorrecta prestación de los servicios.

Elaboración de un plan de simplificación de procedimientos administrativos que agilice la gestión y elimine trámites burocráticos innecesarios.

Implantación de un sistema unificado de creación de empresas en colaboración con Comunidades Autónomas. 

Creación de un expediente electrónico único, que permita a cada ciudadano o empresa conocer en cada momento el estado de sus expedientes con la Administración.

Aprobación de una Ley de coordinación de las Administraciones Públicas que elimine las duplicidades entre ellas y aproveche al máximo sus recursos.

Aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica que atienda las necesidades de recursos de las Comunidades Autónomas no resueltas por el Presidente del Gobierno: 

Debe ser acordado por unanimidad en el seno del Consejo de Política Social y Financiera.

Debe basarse en los principios de generalidad, suficiencia financiera, solidaridad, igualdad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional.

No debe suponer una mayor carga fiscal para los ciudadanos ni financiarse con déficit público.

Debe tener estabilidad y no estar sujeto a futuras variaciones por intereses puramente partidistas.