La entrada en vigor del acuerdo ya sólo está pendiente del visto bueno del Parlamento Europeo, ya que el texto fue suscrito por la Comisión Europea y Marruecos en diciembre de 2009 y recibió la aprobación del Consejo de Ministros de la Unión Europea en diciembre del 2010 debido al impulso del gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero.

Los eurodiputados del PP rechazarán la ratificación del acuerdo toda vez que no ha ido acompañada de una modificación de la normativa comunitaria que regula el sistema de precios de entrada de frutas y hortalizas de países terceros, régimen que se presta al fraude. "Los fallos existentes en ese sistema dan lugar al incumplimiento de los cupos establecidos para la entrada de los tomates marroquíes y al impago de las tasas aduaneras correspondientes", ha explicado la eurodiputada popular Esther Herranz.

En su opinión, "las negociaciones con Marruecos tenían que haber venido acompañadas de una modificación de ese régimen de precios de entrada para acabar con las reiteradas irregularidades detectadas, año tras año, en los envíos de tomates marroquíes al mercado comunitario".

Por su parte, el eurodiputado canario Gabriel Mato ha recordado que el PP "denuncia desde hace años el incumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo de Asociación en lo que se refiere principalmente a las importaciones de tomates marroquíes, lo que está provocando serios perjuicios a las producciones españolas de varias comunidades autónomas, Andalucía, Canarias, Murcia y Valencia principalmente".

Mato ha destacado que la Comisión Europea "está haciendo caso omiso de las demandas que han realizado España, Francia e Italia para que se modifique el régimen en vigor, que ha de pasar por la introducción de nuevos procedimientos aduaneros para el control de las importaciones".

El Parlamento Europeo votará de forma paralela a la ratificación del acuerdo una resolución a la que los eurodiputados del PP han solicitado que se incluya una enmienda que pide modificar la legislación comunitaria que regula el régimen de precios de entrada, debido a que la normativa en vigor no permite a las autoridades aduaneras solicitar garantías a los operadores sobre la veracidad de los precios declarados en las facturas.