"Tras esta votación está claro que hay una mayoría en contra de nuevas concesiones en materia agrícola a Marruecos hasta que se reforme el régimen de precios de entrada y se verifique que ese país cumple los plazos y las cuotas fijadas en el convenio en vigor, algo que según las organizaciones profesionales no sucede", ha afirmado la eurodiputada del PP, Esther Herranz.

Por su parte, el eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, el rechazo al nuevo acuerdo agrícola con Marruecos pone de manifiesto que "la UE no puede seguir utilizando al sector agrícola como moneda de cambio de su política comercial porque el resultado es que sufren los productores comunitarios, que tienen que hacer frente a la competencia desleal de producciones que no cumplen las mismas normas sanitarias y fitosanitarias, ni medioambientales ni laborales, que las europeas; sufren los consumidores y sufren los trabajadores".

Ambos eurodiputados han criticado que los eurodiputados socialistas, incluidos los españoles, votaran en contra del dictamen e incluso presentaran una enmienda recomendando la aprobación del acuerdo con Marruecos.

Tanto Herranz como Mato han destacado que la votación de la comisión de Agricultura "debería servir de toque de atención a la Comisión Europea, porque no ha sido capaz de demostrar a los productores comunitarios cuál es el impacto de las nuevas concesiones, ni de proponer compensaciones a cambio, ni de modificar el reglamento de precios de entrada de frutas y hortalizas procedentes de países terceros, que es el que ha dado pie a importaciones irregulares de productos como el tomate en la Unión Europea".

El nuevo convenio agrícola con Marruecos prevé un aumento de las exportaciones de frutas y hortalizas marroquíes a la UE, un sector en el que los productos marroquíes constituyen el 80 por ciento de las importaciones de la UE, especialmente de tomate; a cambio de que ese país de mayores facilidades de acceso a la entrada de productos transformados europeos a su mercado.

El dictamen de la comisión de Agricultura de la Eurocámara señala que el acuerdo "podría reequilibrarse adaptándolo a la reforma del sistema de precios de entrada, la reducción de las diferencias en los ámbitos sanitario, fitosanitario y medioambiental, y con la inclusión de las debidas cláusulas sociales y de antidumping".

El dictamen denegando el acuerdo aprobado por los eurodiputados de la comisión de Agricultura pasa ahora a la comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, que es la competente para el dictamen final, cuyo contenido deberá adoptar el pleno del Parlamento Europeo en un fecha aún por fijar. El pleno del Parlamento Europeo no tiene competencias para modificar el contenido del convenio, pero su dictamen es jurídicamente vinculante para que el acuerdo salga adelante o sea rechazado.